El mito del éxito financiero privado alineado con la pureza gubernamental se ha quebrado de manera definitiva en Nuevo León por el espeso fango del huachicoleo fiscal. La frontera entre el ejercicio legítimo del derecho y la ingeniería financiera destinada a blanquear el contrabando de combustibles es el epicentro de la mayor tormenta política del norte del país. Tras los recientes despliegues federales, la atención ya no solo se centra en las pipas y buques de hidrocarburos clandestinos que cruzan las fronteras; el foco apunta ahora directo a las oficinas de la familia del gobernador en San Pedro Garza García. Es ahí donde operaban los “huachi-despachos” de Samuel García, firmas en las que las transacciones en papel presuntamente legalizaban el dinero inyectado por las mafias de la gasolina ilegal.
La gravedad del escenario actual radica en el volumen de recursos que se movieron a través de los instrumentos legales del clan del mandatario. Las de por sí rigurosas auditorías de la Fiscalía General de la República (FGR) han puesto bajo la lupa un entramado financiero que asciende a 1,781 millones de pesos, acumulados de manera paralela al ejercicio del poder público estatal. Esta cifra, lejos de ser un orgullo empresarial, se ha transformado en la principal evidencia de una presunta red de complicidades institucionales que ha llevado a la opinión pública a sepultar la narrativa del “Nuevo Nuevo León” para bautizar la gestión con un alias demoledor: el sexenio del “Huachigobernador”.
La estrategia de la FGR: Del asesoramiento a la coautoría del fraude
El principal giro en la estrategia de las autoridades federales no consiste en demostrar que las empresas gasolineras cometieron ilícitos —algo que ya se encuentra ampliamente documentado en los expedientes de la federación—, sino en determinar el grado de participación de los asesores legales. Los fiscales del ministerio público federal buscan acreditar de manera formal si la firma jurídica operada por el padre y el hermano del jefe del Ejecutivo estatal funcionó como un engranaje activo y consciente en la defraudación fiscal de las mafias dedicadas al comercio ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con las hipótesis de investigación, los servicios del corporativo familiar iban mucho más allá de la simple representación en tribunales. Se sospecha la existencia de un diseño de estrategias fiscales a la medida, cuyo propósito central era el rescate y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante información falseada, así como la justificación contable de ingresos provenientes de la venta de combustible que jamás pagó el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS). Si la FGR logra demostrar que el despacho conocía el origen ilícito del producto y structured deliberadamente la contabilidad para ocultarlo, los “huachi-despachos” de Samuel García dejarían de ser considerados una entidad externa de asesoría para convertirse en coautores materiales del daño al erario federal.
La sombra de la delincuencia organizada sobre la familia de Samuel García
Las implicaciones de esta investigación penal han encendido los focos rojos en el entorno más cercano del mandatario de Nuevo León. Expertos en derecho penal federal advierten que, debido a la naturaleza de las operaciones y la recurrencia de los clientes involucrados, los parientes consanguíneos del gobernador —específicamente su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su hermano, Samuel Orlando García Villarreal— podrían enfrentar cargos bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Para que este supuesto jurídico se configure, las autoridades federales necesitan demostrar la permanencia, organización y el fin delictivo de tres o más personas de manera continuada. El hecho de que la firma GMA Firma Jurídica Fiscal haya sido creada de forma paralela al inicio del sexenio con el único propósito de captar exclusivamente a clientes del ramo energético, y que dentro de ese padrón selecto figuren de manera de manera sistemática razones sociales bajo investigación criminal, proporciona a los fiscales federales una línea de argumentación sólida. De pasar de delitos fiscales comunes a delincuencia organizada, el caso tomaría un rumbo drástico, implicando medidas cautelares severas como la prisión preventiva oficiosa y el congelamiento total de todos los activos financieros del grupo familiar.
Un capo bajo arresto: El vínculo de Samuel García con “Los Petrofactureros”
La defensa del Palacio de Gobierno, que califica las acusaciones como “golpeteo político”, perdió gran parte de su credibilidad con los hechos ocurridos en el terreno operativo. El arresto de Jesús Ricardo Puente, considerado el auténtico capo y cerebro logístico de la red criminal conocida como “Los Petrofactureros”, echó por tierra el discurso de la ignorancia corporativa. Puente, cuya empresa Maquiladora de Lubricantes inyectó más de 15 millones de pesos a las cuentas de los García, ya se encuentra formalmente bajo custodia de las autoridades federales tras una serie de cateos simultáneos en zonas residenciales de alta plusvalía.
La captura de este personaje no es un hecho menor para el futuro legal del despacho. Al encontrarse tras las rejas, los flujos de información cambian de dinámica. La red de Puente operaba a través de al menos 40 compañías fachada utilizadas para simular operaciones logísticas y de almacenamiento de energéticos. El hecho de que la primera factura emitida por el despacho de la familia del gobernador hacia la empresa de Puente coincida exactamente con las semanas posteriores a la toma de protesta de Samuel García en 2021, destruye la tesis de una “cartera heredada de clientes antiguos” y expone un acercamiento inmediato entre la nueva administración y los actores más cuestionados del sector energético.
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| CRONOLOGÍA DE UNA RELACIÓN BAJO INVESTIGACIÓN |
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| Julio 2021: La FGR integra la primera carpeta contra Maquiladora de |
| Lubricantes por contrabando de hidrocarburos. |
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| Octubre 2021: Samuel García Sepúlveda rinde protesta como gobernador. |
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| Noviembre 2021: Nace GMA Firma Jurídica Fiscal, orientada al sector energético. |
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| Noviembre 2021: Se emite la primera factura del despacho a la empresa de |
| Jesús Ricardo Puente, líder de "Los Petrofactureros". |
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Las empresas fachada y las cinco fichas clave de la FGR
El núcleo técnico de la investigación federal radica en las implicaciones legales que genera la simulación de actos jurídicos con entidades inexistentes o sin infraestructura real. El catálogo que alimentaba a los “huachi-despachos” de Samuel García incluye cinco nombres clave que hoy justifican el despliegue del SAT y la FGR:
- Petrolíferos Lobo: Con 76 operaciones financieras independientes, inyectó más de 258 millones de pesos a las cuentas del despacho familiar, la mayoría facturados ya con Samuel en la gubernatura. Se le investiga por el uso ilícito de pedimentos aduanales mediante redes de ex ejecutivos de Pemex.
- Enerey Latinoamérica: Representa un pilar masivo dentro del portafolio energético del despacho tras facturar la espectacular cifra de 78.4 millones de pesos, aprovechando las debilidades normativas del IEPS.
- Maquiladora de Lubricantes: La pieza central del capo Jesús Ricardo Puente que pagó 15 millones de pesos a GMA bajo una coincidencia temporal de fechas que la justicia federal considera sumamente sospechosa.
- BSQ Global Corporation: Bajo el folio 13173, arrastra denuncias de delincuencia organizada y defraudación fiscal. Pagó 6.8 millones de pesos a la firma familiar y es vinculada al grupo criminal ‘La Barredora’ para el blanqueo de capitales.
- Autotransporte de Carga Especializados Marvic: Aunque su pago fue menor, representa un enorme riesgo político; su planta en Cadereyta explotó el año pasado y su dueño está ligado a buques incautados en Tampico con 10 millones de litros de diésel ilegal.
Si los servicios de asesoría legal reportados por el despacho no cuentan con entregables materiales, bitácoras reales o evidencia de un trabajo profesional que justifique estos honorarios de cientos de millones de pesos, la autoridad federal procederá a tipificar estas transacciones como un mecanismo de lavado de dinero para reintroducir las ganancias de la gasolina ilegal al sistema financiero.
El verdadero problema de fondo radica en la total incongruencia de un discurso político que prometió limpiar al estado y terminó cobijando a los personajes más oscuros del sector energético. Bajo el amparo de la actual administración, las lagunas en el manejo impositivo se convirtieron en la herramienta perfecta para facturar sumas astronómicas. Mientras el mandatario intenta desmarcarse de las operaciones familiares, la realidad es que estas empresas bajo la lupa de la FGR encontraron un canal abierto y sumamente lucrativo en el despacho de sus parientes más cercanos.
La distancia entre la defensa legal y la ética política es cada vez más ancha. Si bien los voceros del Palacio de Gobierno reiteran que el gobernador no es socio directo de la filial energética GMA y que la firma opera bajo la ley, la opinión pública parece haber dictado su propio veredicto con el mote de “Huachigobernador”. Corresponderá a las autoridades federales deslindar si el cobro de estas millonarias asesorías constituye una legítima práctica profesional o el mecanismo de financiamiento y protección más sofisticado operado desde la cúpula del poder estatal en la historia reciente del norte del país.
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