La sombra del financiamiento irregular vuelve a sacudir los cimientos del Palacio de Gobierno en Nuevo León. Mientras la narrativa oficial intenta mantener una fachada de modernidad y pulcritud administrativa, las auditorías fiscales y los expedientes ministeriales han comenzado a hablar con datos contundentes. Una serie de cruces de información digital ha puesto al descubierto un mecanismo de triangulación de recursos que involucra de forma directa al círculo más estrecho del gobernador con el mercado negro de combustibles, un escándalo de tal magnitud que en las plataformas digitales y la opinión pública ya apodan a Samuel García el huachigobernador.
La investigación tomó un rumbo definitivo en el plano fiscal una vez que el SAT confirma facturas de Maquiladora, lo que valida legalmente la existencia y vigencia de transacciones millonarias entre una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos y los representantes legales que manejan el patrimonio y los negocios corporativos de la familia del mandatario.
El hallazgo documental que compromete al entorno familiar
El entramado financiero comenzó a salir a la luz pública cuando el diario El Norte destapó el millonario fraude fiscal de 15 millones de pesos cobrados a Jesús Ricardo Puente. Lo que inicialmente se perfilaba como una indagatoria aislada sobre comercio informal de energéticos escaló rápidamente al comprobarse que el dinero del crimen organizado no solo circulaba en la clandestinidad, sino que se integraba de manera formal al sistema bancario mediante el pago de supuestas asesorías profesionales.
De acuerdo con los registros tributarios federales, el despacho de García Mascorro facturaba millones de pesos teniendo como cliente estelar a un esquema bajo sospecha criminal. La contabilidad oficial demuestra que la firma GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del padre y del hermano del gobernador, emitió exactamente ocho comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Estos documentos, expedidos entre los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, no fueron cancelados ni modificados; por el contrario, permanecen en estatus de vigencia absoluta ante la autoridad hacendaria, lo que acredita el cobro íntegro de 15 millones 059 mil 957 pesos.
El esquema de los “petrofactureros” y la simulación fiscal
El origen de estos fondos se remonta a una compleja arquitectura de evasión y lavado de dinero. Las pesquisas judiciales federales determinaron que el presunto capo Jesús Ricardo Puente simuló operaciones a través de una organización delictiva bautizada por las autoridades como “Los Petrofactureros”. Esta célula operaba mediante el uso de más de 40 empresas fantasmas o fachadas que carecían por completo de activos fijos, almacenes reales, flotillas de transporte o personal idóneo para ejercer el comercio de energéticos. Su única finalidad real era emitir facturas falsas para legalizar los ingresos multimillonarios provenientes de la sustracción ilícita de combustibles de los ductos nacionales.
El motor de este fraude masivo fue la persona moral denominada Maquiladora de Lubricantes. Según los reportes financieros integrados a la investigación, esta empresa huachicolera escondió millones de pesos en una intrincada red de gastos deducibles simulados. Antes de que las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieran sus actividades, la compañía de Puente reportó facturaciones globales que superaron los 7 mil 095 millones de pesos, consolidando un esquema de enriquecimiento criminal que operaba de forma paralela al inicio de la actual administración estatal.
Fiscalización en curso y rastreo de cuentas bancarias
Ante la gravedad del hallazgo, diversas agencias del Gobierno Federal han estrechado el cerco sobre el entorno corporativo regiomontano. Actualmente, las autoridades revisan cuentas de Maquiladora de Lubricantes y de las firmas que interactuaron con ella para identificar la ruta final del dinero y determinar si existieron beneficios indirectos hacia funcionarios públicos. El desglose de los movimientos bancarios evidencia que los mejores años fiscales de la red de contrabando coincidieron precisamente con el periodo en que decidieron contratar los servicios del bufete jurídico de los parientes del mandatario.
Esta situación ha encendido las alarmas en el sector empresarial, debido a que múltiples firmas de Monterrey reciben dinero o prestan servicios a corporaciones del ramo energético sin verificar la procedencia lícita de los recursos de sus clientes. En el caso específico del despacho GMA, el impacto legal podría ser severo, ya que la legislación federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita sanciona de igual forma a quienes auxilian o simulan actos jurídicos para encubrir las ganancias de la delincuencia organizada.
Nuevo León pide justicia contra el huachigobernador
La vecindad operativa, el intercambio de personal y las propiedades compartidas de forma indirecta entre el bufete del padre del gobernador y las empresas del propio mandatario hacen inviable la defensa basada en el desconocimiento de los hechos. Para la ciudadanía de Nuevo León, la revelación de que el patrimonio de los parientes del titular del Ejecutivo se incrementó con recursos del huachicol representa un agravio directo, en un contexto donde el estado padece deficiencias críticas en infraestructura de agua, transporte y combate a la delincuencia.
La exigencia social es unánime: la fiscalía y los tribunales federales deben aplicar la ley con rigurosidad y sin sesgos políticos. El esclarecimiento de las ocho facturas del SAT es crucial para devolver la confianza a las instituciones, dejando claro que el combate al robo de hidrocarburos no puede detenerse ante las puertas de los despachos familiares de la élite gobernante.
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