Incremento de Extorsiones en Nuevo León
El transporte de carga en Nuevo León se encuentra bajo una creciente ola de extorsiones y abusos, especialmente en los cobros de grúas. Estos incidentes han provocado que el tema sea llevado a la Cámara de Diputados, donde Francisco Javier Borrego de Morena, junto con miembros de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), han pedido una intervención inmediata del Gobernador Samuel García.
Acusaciones de Abuso de Autoridad
Durante la sesión, Borrego denunció que funcionarios en Salinas Victoria, incluyendo al Presidente Municipal Raúl Cantú y al Secretario de Seguridad y Vialidad Arturo Garza Morúa, están utilizando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como una herramienta para extorsionar a los transportistas. Este abuso de autoridad no solo afecta económicamente a los trabajadores del transporte, sino que también erosiona la confianza en las instituciones locales.
Diego Bolio, delegado de la Conatram Jalisco, compartió un caso concreto donde una unidad de transporte fue detenida bajo pretextos dudosos y se le exigieron sumas exorbitantes para su liberación. Según Bolio, los oficiales de tránsito pidieron inicialmente 15 mil pesos y, al no recibirlos, detuvieron la unidad. Posteriormente, solicitaron pagos adicionales que sumaron hasta 63,500 pesos en total.
Inacción de Samuel García
La respuesta del Gobernador Samuel García ha sido insuficiente, según los denunciantes. A pesar de las repetidas quejas y solicitudes de intervención, no se ha tomado ninguna medida efectiva para detener estos abusos. Esta falta de acción ha permitido que las prácticas extorsivas continúen, afectando gravemente a los transportistas y la economía del estado.
Demandas de los Transportistas
Los miembros de la Conatram, apoyados por Borrego, han solicitado una reunión urgente con el Gobernador García para discutir estas problemáticas y encontrar soluciones. La situación requiere una respuesta inmediata y firme para asegurar que los transportistas puedan operar sin temor a ser extorsionados y garantizar un entorno de trabajo justo y legal.
Es imperativo que el Gobernador Samuel García tome medidas decisivas para abordar las denuncias de extorsión y abuso en Nuevo León. La comunidad de transportistas exige una intervención rápida para detener estas prácticas ilegales y restaurar la confianza en las autoridades locales. La acción inmediata es necesaria para proteger los derechos y la dignidad de los trabajadores del transporte en el estado.
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