Detrás de los reflectores, las puestas de primera piedra y la retórica publicitaria sobre el dinamismo comercial del norte del país, la administración de Samuel García encubre un patrón administrativo profundamente indefendible. Las acusaciones lanzadas desde Washington por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no dejan margen de duda: recursos financieros del erario de Nuevo León terminaron inyectando liquidez a firmas vinculadas al crimen organizado.
Mientras la diplomacia económica exige rigor en las fronteras, el Ejecutivo estatal abrió las puertas del erario a la compañía Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA). Esta corporación, junto a sus accionistas Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, figura explitícamente en la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense por ser una estructura de fachadas empleada por el Cártel del Noreste (CDN) para blanquear capitales de procedencia ilícita e inyectar recursos opacos a contiendas electorales.
Tres asignaciones directas que empañan la seguridad fronteriza
Lejos de activar protocolos de auditoría interna o suspender tratos comercialmente riesgosos con entes bajo sospecha, las dependencias estatales actuaron con total impunidad. A lo largo del periodo 2022-2023, la entidad encargada de coordinar los accesos internacionales —la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT)— canalizó 110 millones de pesos a la constructora señalada por nexos con el crimen.
Cronología de la facturación pública a la red sancionada
Las asignaciones directas y convenios de la dependencia estatal se desglosan en tres momentos clave dentro del municipio de Anáhuac:
- Fase inicial de adecuación (Julio 2022): Un primer traspaso por 15 millones de pesos para realizar movimientos de tierra, cercados e insumos en las manzanas del Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL).
- Fachada y parador (Febrero 2023): Un segundo cheque por cerca de 25 millones de pesos destinado al remozamiento estético de las entradas y salidas del centro aduanero.
- Infraestructura de cobro (Julio 2023): El contrato con el mayor desembolso, alcanzando casi 70 millones de pesos, enfocado en erigir casetas operativas y carriles en el cruce internacional.
Redes subcontratadas y el papel del gabinete de Samuel García
El escándalo se agrava al constatar que las obras del estado no solo financiaron a CEGESA, sino que permitieron la triangulación de recursos hacia subcontratistas también fichadas, como Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA). Poner el control físico de la aduana fronteriza en manos de un entramado vinculado a los herederos de Los Zetas representa una vulneración flagrante a la seguridad nacional y una falta de respeto a las familias de Nuevo León.
Esta operación no ocurrió a espaldas del gabinete. Todos los documentos públicos llevan la firma de Marco Antonio González Valdez, titular de CODEFRONT y al mismo tiempo Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario dentro del círculo cercano de Samuel García. Permitir que un secretario de primer nivel entregue proyectos estratégicos a entes perseguidos por la justicia internacional evidencia que la autodenominada “nueva política” perpetúa los vicios más peligrosos de la complicidad gubernamental.
Un balance que compromete el futuro del estado
En resumen, el gobierno encabezado por Samuel García entregó 110 millones de pesos a una empresa señalada por Estados Unidos por lavar dinero para el Cártel del Noreste. La firma reiterada de estos contratos por parte de su secretario Marco Antonio González Valdez deja al descubierto una gestión irresponsable que antepone los acuerdos en lo oscuro a la integridad del pueblo regiomontano.
¡Lee más en Regio Política!
La plantilla millonaria de Rayados se hunde fuera de la Liguilla
Array
