El Acueducto El Cuchillo 2, promocionado como la gran solución para garantizar el suministro de agua en Monterrey y su zona metropolitana, se encuentra hoy en el centro de la polémica. Lo que en su momento fue celebrado por el gobierno estatal como un logro urgente y necesario, hoy enfrenta graves cuestionamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha detectado anomalías por más de 27 millones 929 mil pesos.
Con el objetivo de atender la crisis hídrica de 2022, el proyecto fue ejecutado a toda prisa, sin procesos de licitación pública y bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, esta premura parece haber derivado en errores costosos y posibles irregularidades que hoy ponen en duda la transparencia con la que se manejó el dinero público.
Diputados de todas las bancadas presionan
Pagos cuestionables y obras incompletas en Cuchillo 2
Según la ASF, uno de los gastos más alarmantes es el pago de 22.6 millones de pesos por movimiento de tierra con grúas. El problema radica en la ausencia de un desglose técnico detallado que especifique la cantidad de materiales usados, el rendimiento de la maquinaria y la mano de obra involucrada, lo que impide verificar si el cobro es justo.
Otro señalamiento crítico se refiere a los 3.8 millones de pesos pagados por la instalación de cercas en el derecho de vía. En lugar de postes de madera, como estaba estipulado, se utilizaron simples palos, reduciendo notablemente la calidad y durabilidad de la obra.
Asimismo, se identificó un pago de 750 mil pesos por 30 luminarias que nunca fueron instaladas. Durante una inspección conjunta realizada en abril de 2025 entre el personal de la ASF y la Conagua, se comprobó que solo se habían colocado 13 luminarias de un total de 43 facturadas.
A estos casos se suman 419 mil pesos mal calculados en la colocación de concreto, ya que no se descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo, y 374.7 mil pesos en contratos de servicios con irregularidades documentales.
La ASF halla anomalías en El Cuchillo 2 y determina que Conagua debe aclarar $27 millones 929 mil 908 que fueron pagados en exceso en obra.#Entérate https://t.co/7TIExuWS5P
— EL NORTE (@elnorte) July 1, 2025
Costo final inflado y antecedentes oscuros
Lo que inicialmente se planeó con un presupuesto de 10 mil 400 millones de pesos terminó costando 14 mil 680 millones, un incremento superior a 4 mil millones que hasta ahora no ha sido aclarado de forma completa.
Este no es el primer reporte que revela irregularidades en El Cuchillo 2. En los informes anteriores de 2022 y 2023 ya se habían registrado anomalías por 139 millones y 77.3 millones de pesos, respectivamente. La acumulación de observaciones deja en evidencia una gestión deficiente y falta de control en cada etapa de la construcción.
A pesar de estos antecedentes, el proyecto fue utilizado por el gobierno de Samuel García como insignia política. La obra fue inaugurada en cuatro ocasiones diferentes, lo que generó críticas por el uso mediático que se le dio a un proyecto inconcluso o con irregularidades pendientes.
Reclamos sociales y presión a las autoridades
Hoy, la exigencia ciudadana va mucho más allá de aclarar facturas. Diversos colectivos y especialistas en fiscalización pública demandan acceso total a los contratos, bitácoras de obra, informes técnicos y comprobantes de cada pago realizado.
La ASF ha dejado claro que si estos montos no se justifican, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que podría tener repercusiones financieras y políticas importantes para Conagua y para el gobierno estatal.
La situación de El Cuchillo 2 deja un mensaje claro: incluso las obras ejecutadas con carácter urgente necesitan controles estrictos, auditorías constantes y total transparencia. La población, consciente del valor y la urgencia de contar con infraestructura hídrica eficiente, también exige que cada peso sea usado con responsabilidad y honestidad.
En un contexto donde el acceso al agua sigue siendo un tema crítico para Nuevo León, la confianza de la ciudadanía está en juego. Resolver estos señalamientos y rendir cuentas de forma pública será clave para restablecer la credibilidad y demostrar que las emergencias no son excusa para el mal manejo del recurso público.
