La situación en el Río Santa Catarina ha desatado una fuerte polémica ambiental en Nuevo León. Lo que comenzó como una promesa de movilidad con la Línea 4 del Metro, se ha convertido en un foco de críticas debido a la acumulación de toneladas de escombro en su cauce, desatendiendo recomendaciones federales y evidenciando una brecha alarmante entre el discurso ambiental y la realidad de la obra pública en el estado.
A pesar de las reiteradas promesas de preservar este importante espacio natural, el gobierno estatal ha permitido que el río acumule grandes volúmenes de relleno provenientes de las obras del Metro, una práctica que especialistas consideran no solo irresponsable, sino riesgosa para la seguridad y la salud pública.
Especialistas alertan sobre el peligro
El biólogo Antonio Hernández advirtió que si el escombro continúa en el río, se reducirá la capacidad de flujo de agua y se impedirá el crecimiento de vegetación nativa. Este impacto ambiental no solo afecta la biodiversidad local, sino que compromete la función natural del río como protección contra inundaciones y desbordamientos.
Según Hernández, la autorización de impacto ambiental otorgada por la Semarnat al Gobierno de Nuevo León obliga a disponer correctamente los residuos generados por la obra. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación demuestra un manejo deficiente y la falta de voluntad para respetar la normativa ambiental.
“El problema es doble”, explicó el especialista. “Por un lado, el gobierno no cumple con el permiso otorgado; por el otro, la Profepa no actúa con la contundencia necesaria para supervisar y aplicar sanciones”.
La situación se agrava porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había exigido hace un mes el retiro inmediato del material. A pesar de esta orden, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, encargada de la obra, no ha dado respuesta ni establecido un plan para cumplirla.
Activistas exigen medidas inmediatas
Organizaciones civiles como Un Río en el Río han manifestado su inconformidad ante la inacción de las autoridades. Andrea Villarreal, integrante de este colectivo, recalcó que la acumulación de escombro contradice completamente el discurso oficial que presume un compromiso con la naturaleza.
“Necesitamos que el gobierno deje de usar el medio ambiente como bandera política y realmente actúe para protegerlo”, señaló Villarreal. “El retiro del escombro no puede seguir posponiéndose porque cada día que pasa aumenta el riesgo para el ecosistema y para la gente que vive cerca del río”.
El colectivo ha documentado con fotografías y recorridos la magnitud del daño, evidenciando cómo las obras del Metro han transformado negativamente el cauce del Santa Catarina. Para los activistas, el caso representa una muestra clara de cómo las prioridades políticas terminan por desplazar la importancia de los temas ambientales.
En el reportaje de EL NORTE, publicado el 24 de mayo, se mostró que los escombros provenientes de la obra en la Avenida Constitución han permanecido durante meses en el río. Este hecho contradice el compromiso ambiental promovido por el gobierno y genera desconfianza entre la ciudadanía.
Incongruencia en el discurso oficial
Mientras el gobernador Samuel García asegura públicamente que protege el medio ambiente, las acciones sobre el terreno cuentan otra historia. La Línea 4, presentada como una solución innovadora para la movilidad, hoy simboliza una contradicción de gran escala al dañar uno de los recursos naturales más emblemáticos de Monterrey.
Las declaraciones constantes sobre sostenibilidad y cuidado ecológico pierden credibilidad cuando se contrastan con la realidad del Río Santa Catarina. La falta de acciones para retirar el escombro y restaurar el cauce refleja una gestión superficial del tema ambiental y deja en evidencia que el discurso gubernamental se ha convertido en un recurso político más que en una verdadera política pública.
Este caso ha detonado críticas no solo de ambientalistas, sino también de vecinos y ciudadanos preocupados por las posibles inundaciones y daños estructurales que podrían presentarse durante la temporada de lluvias.
El papel de la Profepa, como autoridad responsable de supervisar y hacer cumplir los resolutivos de impacto ambiental, también ha sido puesto en duda. Su inacción ha sido interpretada como una muestra de debilidad institucional, dejando en el aire la pregunta sobre quién protege realmente el entorno natural ante estos incumplimientos.
Expertos y colectivos ambientales exigen a Profepa actuar ante el incumplimiento de Samuel, que deposita toneladas de escombro en el Río Santa Catarina por la Línea 4 del Metro, ignorando la orden de Conagua y poniendo en riesgo el ecosistema.
— Regio Política (@RegioPolitica) June 30, 2025
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El Río Santa Catarina en crisis
El futuro del Río Santa Catarina depende de decisiones urgentes y responsables que aún están pendientes. La omisión del gobierno en atender la orden de Conagua no solo pone en riesgo el ecosistema, sino también la seguridad de miles de personas que viven en las zonas cercanas al río.
La acumulación de escombro es un síntoma de un problema mayor: la falta de coherencia entre el discurso ambiental y las políticas públicas reales. La gestión ambiental no puede limitarse a declaraciones en redes sociales o campañas publicitarias; debe traducirse en acciones concretas y verificables.
La ciudadanía exige que el gobierno actúe con transparencia y responsabilidad, retirando el material de inmediato y presentando un plan claro para restaurar el cauce y mitigar cualquier daño. Además, la intervención de la Profepa y de otras autoridades federales resulta indispensable para garantizar que se cumplan las normativas ambientales y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Este episodio, que ya ha captado la atención de medios y colectivos, podría marcar un antes y un después en la relación entre la sociedad y las autoridades respecto al cuidado ambiental en Monterrey. La gente exige congruencia, acciones efectivas y compromiso real.
La historia del Río Santa Catarina no debe repetirse en otros proyectos de infraestructura. Los ciudadanos tienen derecho a un entorno limpio y seguro, y las autoridades están obligadas a garantizarlo. La presión social continuará creciendo hasta que se cumplan las exigencias básicas de respeto y protección ambiental.
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