El cierre de una investigación clave contra el gobernador Samuel García ha generado un nuevo foco de controversia en Nuevo León. A pesar de que existen documentos bancarios que muestran movimientos financieros por más de mil millones de pesos vinculados a empresas familiares del mandatario, la Fiscalía General del Estado decidió archivar la carpeta, sin revisar el grueso de la evidencia disponible.
El expediente incluía casi un centenar de estados de cuenta, que daban cuenta de cómo despachos jurídicos y contables asociados al gobernador habrían transferido grandes sumas a una inmobiliaria de la familia. Sin embargo, estos documentos no fueron analizados antes de determinar que no había elementos suficientes para continuar la indagatoria.
Un expediente con señales de triangulación
La carpeta investigada contenía información sensible sobre transferencias millonarias entre firmas del círculo más cercano de Samuel García, iniciadas a partir de que asumió el cargo como gobernador en octubre de 2021. La investigación, que comenzó tras publicaciones periodísticas en marzo de 2024, ponía el foco en la empresa Suministro MYR, uno de los proveedores con más contratos en el gobierno estatal.
Esta compañía habría transferido al menos 202 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), el despacho familiar que encabezan el gobernador y su padre, Samuel García Mascorro. Parte de ese dinero fue canalizado, según las indagatorias preliminares, a la empresa inmobiliaria Saga Tierras y Bienes Inmuebles, también controlada por ambos.
La Fiscalía estatal, sin embargo, resolvió cerrar la investigación en mayo de 2024, bajo el argumento de que no encontró elementos que probaran actos de corrupción. Lo que llama la atención es que la decisión se tomó sin revisar al menos 91 estados de cuenta, en los que se documentaban movimientos por más de mil millones de pesos, muchos de ellos realizados después del inicio del actual sexenio.
Con carpetazos ordenados por Fiscalía a casos contra Samuel García, "perdonan" caso de depósitos a despacho de Gobernador por $1,069 millones.#Entératehttps://t.co/uoeienobDO
— elnortelocal (@elnortelocal) July 30, 2025
Incremento de ingresos tras iniciar el sexenio
Uno de los hallazgos más relevantes del caso —y que permanece sin aclarar— es el brusco aumento en los montos transferidos a la empresa Saga una vez que Samuel García asumió como gobernador.
Entre 2017 y septiembre de 2021, Saga había recibido aproximadamente 231 millones de pesos. Pero entre octubre de 2021 y julio de 2024, ya con García como titular del Ejecutivo estatal, la cifra se disparó a 837 millones de pesos, según los documentos bancarios obtenidos.
Los fondos ingresaban mensualmente a la cuenta de Saga desde el despacho jurídico FJyFA y desde otras firmas de la familia, como Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, y García Mascorro Abogados. También se observó un constante flujo de salidas de dinero a otras cuentas, lo que sugiere una red más compleja de movimientos financieros que no fue investigada a fondo.
Propiedades de lujo en el centro del debate
Saga Tierras y Bienes Inmuebles no es cualquier empresa. Se trata de una constructora e inmobiliaria fundada en 2016 por la familia García, y a su nombre se encuentran algunas de las propiedades más valiosas de la zona metropolitana de Monterrey.
Destaca, por ejemplo, un predio en la exclusiva colonia Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, cuyo valor se estima en 700 millones de pesos. El propio gobernador ha dicho que este terreno fue entregado al despacho como pago por servicios legales brindados durante dos décadas al Grupo Gentor, aunque no ha mostrado contratos ni documentos que lo respalden.
Además, Saga es propietaria de otros inmuebles en Olinalá, otra zona de alto poder adquisitivo en el municipio de San Pedro. Las declaraciones fiscales de esta empresa y del despacho jurídico muestran un crecimiento acelerado en ingresos y activos justo a partir del inicio de la administración estatal actual.
¿Omisión o encubrimiento institucional?
El punto más delicado de este caso es la forma en la que la Fiscalía archivó el expediente, sin detallar públicamente los argumentos legales que la llevaron a esa decisión. Tampoco ha explicado por qué no se revisaron los documentos bancarios ni se llamó a declarar a los involucrados.
Hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha dado una respuesta clara. El gobernador ha negado irregularidades, y en su momento justificó las transferencias como parte de pagos por servicios legales prestados por su despacho. Pero nuevamente, no ha mostrado evidencia que respalde sus dichos.
Ante esta falta de transparencia, diversos sectores han alzado la voz, alertando sobre el riesgo de que este carpetazo represente un precedente de impunidad en el estado. Organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos han manifestado preocupación por la aparente protección institucional a una figura pública señalada por manejar recursos públicos en beneficio propio.
A pesar de que los documentos bancarios exhiben una estructura financiera que debería haber sido examinada a fondo, la investigación ha sido archivada. Ni el origen del dinero, ni el destino de los fondos, ni la legalidad de los pagos han sido esclarecidos.
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