En aras de mantener la transparencia y erradicar las prácticas corruptas en la asignación de contratos gubernamentales, las candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, encabezadas por Annia Gómez, Lorena de la Garza, Anita González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos, han hecho públicas revelaciones sobre cómo las relaciones personales y profesionales del gobernador Samuel García han influido en la selección de proveedores.
El ascenso dudoso de un ex empleado a una figura influyente cercana a Samuel García
En una reciente conferencia de prensa, se ha expuesto el caso de Miguel Ángel Rojas Galván, quien ha pasado de ser un empleado común de Samuel García a convertirse en una pieza clave en la administración estatal, siendo señalado de desviar fondos públicos en beneficio del gobernador. Desde su posición como Director General Jurídico Tributario del Gobierno de Samuel García, Rojas Galván facilitó la asignación de contratos millonarios a ECM Soluciones Fiscales, una empresa con vínculos familiares con el gobernador, por un valor que supera los 140 millones de pesos.
Una red de contratos bajo escrutinio
Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg. Las investigaciones han descubierto una red más amplia de contratos, que ascienden a más de 361 millones de pesos, otorgados a ECM Soluciones Fiscales en un lapso de menos de dos años. Entre las entidades gubernamentales involucradas se encuentran Agua y Drenaje de Monterrey, que destinó 187 millones de pesos, y la Secretaría de Finanzas, que otorgó cerca de 35 millones a esta empresa.
Estas cifras se suman a los más de 200 millones de pesos que el despacho jurídico del gobernador recibió directamente del gobierno, en relación con el caso de SUMINISTRO MYR, S.A. DE C.V. Se revela un patrón alarmante de desvío de recursos que, en lugar de atender las necesidades básicas de la población, parecen beneficiar directamente al círculo cercano al gobernador.
Consecuencias y llamado a la acción contra Samuel García
Las candidatas han expresado su consternación por el destino de estos recursos, que deberían destinarse a resolver problemas urgentes como la escasez de agua o el aumento de la inseguridad. Se subraya que los posibles delitos asociados con estas prácticas incluyen el ejercicio ilícito de servicio público, el peculado y el tráfico de influencias.
Ante estos hechos preocupantes, las candidatas han exigido una investigación exhaustiva y transparente sobre estos contratos. Invitan a la ciudadanía a mantenerse informada y a demandar rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. Es esencial que se investiguen a fondo estas acusaciones para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar la integridad en la gestión de los recursos públicos.
¿Qué implicaciones legales podrían tener estos actos?
Los posibles delitos incluyen el ejercicio ilícito de servicio público, el peculado y el tráfico de influencias.
