La denuncia a Pámanes presentada en el Congreso de Nuevo León no solo encendió una disputa política, sino que abrió un debate más amplio sobre los límites de la desobediencia civil y el impacto de la desinformación cuando proviene de representantes públicos. El señalamiento gira en torno a llamados para no pagar el impuesto predial en Monterrey, pese a que el cobro se encuentra vigente y respaldado por el marco legal.
El caso generó reacciones encontradas dentro y fuera del Poder Legislativo. Mientras un sector advierte que se incitó al incumplimiento de la ley, otro defiende que se trata de una postura en favor de los contribuyentes. En medio de ese choque, la discusión dejó de ser solo fiscal y se volvió institucional.
Denunciarán a #SandraPámanes por falsedad de declaraciones.
— Imagen Televisión Monterrey (@ImagenTVMTY) January 6, 2026
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El Conflicto Que Llegó A La Contraloría
La Denuncia A Pámanes
La denuncia fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local y turnada a la Contraloría Interna. El documento acusa que la coordinadora legislativa de Movimiento Ciudadano promovió el no pago del predial, lo que, según el señalamiento, contraviene las obligaciones legales de una legisladora.
Además del llamado a no cumplir con el pago, se le atribuye la difusión de información considerada falsa. Entre los puntos centrales está la afirmación de que la actualización del predial es ilegal, así como la promoción de formatos de amparo para que la ciudadanía se inconforme con el cobro.
Para quienes impulsaron la denuncia, estos mensajes no pueden considerarse simples opiniones políticas. Sostienen que, al provenir de una figura pública, generan confusión y alientan una forma de desobediencia civil sin sustento legal.
Legalidad Del Predial Y Proceso Aprobado
En contraste con los señalamientos de ilegalidad, la parte denunciante recordó que la actualización del impuesto predial siguió un proceso formal. Durante 2024 se realizaron estudios técnicos por especialistas en materia inmobiliaria, los cuales fueron avalados por el Cabildo de Monterrey en noviembre de ese año.
Posteriormente, el Congreso del Estado aprobó la actualización, con votos de distintas bancadas, incluida Movimiento Ciudadano. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2025, lo que, conforme a la legislación vigente, le otorgó validez plena al cobro.
También se explicó que la Ley del Catastro establece que la actualización del predial no depende de un ejercicio fiscal específico. En consecuencia, entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin que pueda calificarse como un cobro retroactivo.
Diputada Naranja Llama A Desobediencia Civil
Más allá de las resoluciones que puedan emitirse, el caso dejó sobre la mesa una discusión de fondo. ¿Hasta dónde puede llegar el discurso político cuando se trata de obligaciones fiscales vigentes? ¿Cuándo una postura se convierte en desinformación y fomenta desobediencia civil sin sustento legal?
La denuncia a Pámanes no solo enfrenta a actores políticos. También pone en tensión la responsabilidad institucional de quienes legislan y el efecto real que sus mensajes tienen en la ciudadanía. En un contexto donde la confianza pública es frágil, el episodio se convierte en un precedente que podría marcar futuras discusiones sobre legalidad, discurso político y rendición de cuentas.
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