La lucha por la protección del medioambiente es una batalla que cada día cobra nuevas víctimas. Mientras la conciencia ambiental crece en redes sociales, en el terreno, los verdaderos defensores de la tierra enfrentan amenazas mortales. La desconexión entre la solidaridad digital y las acciones concretas expone aún más a quienes resisten en los territorios en disputa, poniendo en evidencia que la lucha ambiental requiere mucho más que publicaciones y tendencias en internet.
Aurelio Coronado, especialista en crímenes y análisis de contexto, ha dedicado años a documentar la violencia que sufren los defensores del medioambiente en América Latina, particularmente en México y Colombia. Su trabajo revela un patrón sistemático de despojo, represión y violencia contra quienes protegen los recursos naturales, fenómeno que se agrava en un contexto de crisis climática, escasez de agua y expansión de proyectos extractivos.
En entrevista, Coronado explica que las amenazas contra los activistas ambientales no son casos aislados, sino parte de una estrategia global impulsada por intereses económicos que buscan controlar territorios ricos en recursos. En regiones como América Latina, esta dinámica ha significado la expulsión de comunidades indígenas, campesinas y activistas, muchas veces a costa de sus vidas.
La violencia como herramienta de despojo en México
Coronado señala que tanto en México como en Colombia, los territorios se han convertido en escenarios de conflictos abiertos por el acceso a recursos naturales. “Estamos viendo una crisis por el agua, el avance de megaproyectos extractivos y el deterioro acelerado de los ecosistemas. Todo esto incrementa las disputas por la tierra”, detalla.
Los defensores del medioambiente son percibidos como obstáculos para el avance de estos intereses, lo que los convierte en blancos de violencia. Las amenazas, desapariciones y asesinatos de activistas no son actos espontáneos: son mecanismos para silenciar la resistencia y facilitar el control territorial.
La situación se complica aún más porque la violencia no solo proviene de grupos armados ilegales, sino también de sectores estatales y empresas privadas. Según Coronado, muchas veces los mismos gobiernos que deberían proteger a las comunidades son cómplices, ya sea por omisión o por intereses económicos vinculados al despojo de tierras.
En este contexto, la vida de un defensor ambiental se convierte en un acto de resistencia cotidiana. Incluso sin recibir amenazas directas, su mera oposición a los proyectos extractivos los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema.
De la conciencia virtual a la acción real
Aunque en los últimos años ha crecido la sensibilización ambiental en redes sociales, Coronado advierte que esta no necesariamente se traduce en acciones efectivas. Las plataformas digitales, dice, generan una ilusión de participación que rara vez se materializa en protección o apoyo real para quienes están en el terreno.
“La acción en redes sociales muchas veces crea una burbuja donde solo se interactúa con personas que piensan igual. Esto limita la posibilidad de articular movimientos reales y concretos que puedan defender a quienes verdaderamente están arriesgando sus vidas”, afirma.
Coronado enfatiza que es necesario trascender el activismo digital y enfocarse en identificar, apoyar y proteger a los defensores que operan en las zonas de riesgo. Destaca el trabajo de organizaciones como Salvemos la Pona, que enfrentan amenazas directas por proteger áreas naturales y comunidades vulnerables.
Además, plantea que la protección de los defensores no puede quedar en manos exclusivamente de la sociedad civil. Es indispensable que los Estados asuman su responsabilidad, implementando medidas efectivas de protección y garantizando el respeto a los derechos humanos por encima de los intereses económicos.
El Acuerdo de Escazú: un compromiso pendiente
Un instrumento clave en la protección de los defensores ambientales es el Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México en 2020. Este acuerdo regional establece obligaciones específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones que afecten al entorno, y la protección de quienes defienden el medioambiente.
Coronado subraya que el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad histórica para cambiar la relación entre los gobiernos, las empresas y las comunidades. Sin embargo, su implementación efectiva aún enfrenta enormes desafíos. La falta de voluntad política, la corrupción y la presión de intereses económicos obstaculizan su cumplimiento pleno.
Mientras tanto, el deterioro ambiental avanza a pasos agigantados. Entre 1990 y 2015, América Latina perdió casi un millón de kilómetros cuadrados de selva, y hoy más del 68% de los suelos de Sudamérica sufre procesos de erosión severa debido a la deforestación.
El costo humano de esta crisis es devastador. En 2017, se registraron al menos 116 asesinatos de defensores ambientales en la región, un reflejo brutal de los riesgos que implica proteger la tierra, los ríos y los bosques frente a la codicia de intereses privados y la indiferencia estatal.
Para Coronado, la solución pasa por fortalecer los mecanismos de protección, garantizar que los derechos humanos estén por encima de cualquier interés económico y, sobre todo, reconocer que quienes defienden el medioambiente no solo protegen su territorio, sino el futuro de todos.
La lucha por el medioambiente no puede quedar confinada al activismo digital. Requiere de un compromiso real, acciones coordinadas y un cambio profundo en las prioridades políticas y económicas de los Estados. Solo así será posible proteger a quienes, día a día, arriesgan su vida por un mundo más justo y sostenible.
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