El problema del drenaje sanitario en el área metropolitana de Monterrey ha dejado de ser un asunto menor para convertirse en uno de los principales focos de inconformidad ciudadana. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el porcentaje de habitantes que señalan fallas en el drenaje como uno de los principales problemas comunitarios subió al 38% en 2025, una cifra que contrasta dramáticamente con el 24% registrado en 2021.
A pesar de las constantes denuncias y del evidente deterioro de la infraestructura, la respuesta del Gobierno estatal ha sido lenta e insuficiente. Mientras tanto, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y el propio gobernador Samuel García prefieren trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, acusándolos de tirar basura y provocar las fallas, en lugar de reconocer el abandono y la falta de inversión en mantenimiento de una red que ya muestra señales de colapso.
Reparaciones mínimas ante un problema creciente
Aunque la administración estatal reconoce que alrededor del 20% de la infraestructura de drenaje necesita reparación —lo que equivale a unos 2,400 kilómetros de tuberías—, en los primeros tres años de gestión solo se han rehabilitado 37 kilómetros.
La diferencia entre la dimensión del problema y las acciones tomadas es abismal. Mientras la red sanitaria envejece y falla, la inversión y los esfuerzos para mantenerla funcional avanzan a un ritmo que resulta, a todas luces, insuficiente.
La organización civil Cómo Vamos Nuevo León ya había advertido desde enero de 2024 que el drenaje sanitario se estaba convirtiendo en uno de los focos de mayor riesgo para la zona metropolitana. La falta de atención podría derivar, de no atenderse pronto, en crisis de salud pública debido a fugas de aguas negras y desbordamientos en temporada de lluvias.
Aun con el reconocimiento del problema y la aprobación de nuevos endeudamientos para AyD en este 2025, hasta el momento no se han dado a conocer planes de acción claros ni resultados que alivien la creciente preocupación ciudadana.
Inconformidad desborda redes sociales
A la par del aumento en los problemas de drenaje, las quejas de los habitantes se han multiplicado en redes sociales. Publicaciones recientes en las cuentas oficiales de AyD documentan casos donde los usuarios denuncian tiempos de espera de semanas sin solución, cobros indebidos por servicios de desazolve y falta de equipo adecuado para atender emergencias.
Una de las denuncias más visibles surgió el pasado 31 de marzo, cuando una usuaria relató que después de tres semanas reportando un drenaje tapado, el personal de AyD le exigió un pago de 1,800 pesos para realizar la limpieza, utilizando un camión especial. Esta situación pone en evidencia la precariedad operativa de la dependencia y abre la puerta a presuntos abusos en la prestación del servicio.
Además de representar una falla en la prestación de servicios básicos, estos incidentes alimentan la percepción de que el gobierno ha optado por cargarle el costo del deterioro al ciudadano, tanto en términos económicos como de calidad de vida.
Samuel García evade su responsabilidad
En lugar de asumir el problema, el gobernador Samuel García ha optado públicamente por responsabilizar a la ciudadanía, asegurando que las obstrucciones en el drenaje se deben a los residuos que la gente tira a la vía pública. Aunque es cierto que la basura contribuye a las obstrucciones, especialistas y organizaciones señalan que el verdadero origen de la crisis es la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura.
La estrategia de culpar a terceros no oculta el hecho de que durante su mandato solo se ha reparado alrededor del 1% de la red de drenaje que necesita atención urgente. Esto ocurre a pesar de los aumentos en tarifas y cobros adicionales aplicados en servicios públicos, bajo la promesa de mejoras que, hasta ahora, no se han materializado.
Mientras la administración continúa señalando factores externos, los residentes de Monterrey enfrentan riesgos de inundaciones, desbordamientos de aguas negras y daños materiales en sus hogares cada vez que llueve.
La realidad es contundente: aunque se recauda más dinero, se invierte poco en resolver uno de los problemas urbanos más básicos y urgentes.
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