En Nuevo León, el Estado continúa en el centro de la polémica tras anunciar que, aunque eliminará el polémico “cobro expediente”, mantendrá cobro de Agua y Drenaje por reparaciones en los hogares y calles. La decisión ha despertado inconformidad entre los ciudadanos, quienes denuncian la falta de transparencia y la carga económica que representa este esquema.
De acuerdo con la información más reciente, los usuarios deberán seguir pagando por reparaciones que van desde poco más de mil pesos hasta casi 11 mil pesos, dependiendo del tipo de trabajo realizado. Esta situación agrava la molestia de los ciudadanos que, además de lidiar con tarifas de agua cada vez más elevadas, deben afrontar estos pagos adicionales.
Durante diciembre pasado, el descontento social se intensificó cuando usuarios detectaron en sus recibos un cargo bajo el concepto “cobro expediente”, que en muchos casos no lograban entender ni justificar. Ni siquiera el director del organismo, Juan Ignacio Barragán, supo dar una explicación clara en su momento. Con el paso de los meses, se supo que se trataba de cargos por reparaciones realizadas, aunque muchos vecinos afirmaron que se les cobraban trabajos hechos lejos de sus domicilios.
Detalles de los cobros de Agua y Drenaje
Pese a la eliminación del término “cobro expediente”, AyD aprobó en marzo un tabulador oficial que detalla los costos de las reparaciones. En este documento se establecen tarifas que varían según el tipo de servicio y los recursos utilizados.
Por ejemplo, si un registro de drenaje ubicado fuera de la casa necesita ser destapado, el costo es de 1,019 pesos si se hace manualmente con varillas o émbolos, pero sube a 2,584 pesos si se requiere un equipo especial que utiliza agua a presión.
Asimismo, la reposición de una llave de banqueta se cobra en 1,016 pesos, la reparación de una toma de agua dañada cuesta 1,419 pesos, y el reemplazo de un medidor dañado se fija en 1,493 pesos.
El servicio más costoso es la modificación del ramal de drenaje, con un precio de 10,943 pesos, un monto que para muchas familias resulta impagable. Estos trabajos son considerados “facturables”, por lo que se suman al consumo mensual y a las cuotas habituales que ya pagan los hogares.
Esta política ha generado preocupación y críticas, pues se percibe como una medida que afecta directamente la economía familiar, especialmente en un contexto donde ya se han aprobado aumentos de hasta el 70 % en la tarifa del agua.
Polémica por el “cobro expediente”
El concepto de “cobro expediente” apareció en los recibos de muchos hogares durante diciembre, causando gran confusión. Los vecinos reclamaban que se les cobraban reparaciones que no habían solicitado, o incluso intervenciones realizadas en calles cercanas o en colonias distintas.
Las explicaciones oficiales llegaron tarde y fueron poco claras. Primero se dijo que se trataba de un cargo existente desde 1956 por reparaciones derivadas de reportes ciudadanos. Sin embargo, la falta de claridad y el aumento de los montos terminaron por encender la molestia.
El Consejo de Administración de AyD, ante la presión social y mediática, revisó el concepto en febrero de este año y aprobó la eliminación del “cobro expediente”. No obstante, la eliminación fue solo de nombre, pues los cobros continúan bajo otros conceptos y con nuevos códigos.
El acta de la sesión del 5 de marzo detalla que en la factura aparecerá el concepto real del trabajo ejecutado, con un código QR que permitirá a los ciudadanos consultar los detalles de la intervención, el costo y los criterios de aplicación.
A pesar de estas medidas de “transparencia”, muchos vecinos consideran que la estrategia es insuficiente, ya que la obligación de pagar por reparaciones sigue recayendo en los hogares. Para varios ciudadanos, la introducción del código QR no resuelve el problema de fondo, sino que solo maquilla la polémica.
Dudas sobre el cobro de Agua y Drenaje
Una de las principales inquietudes de la población gira en torno a la destinación del dinero recaudado del cobro de Agua y Drenaje. Muchos vecinos han cuestionado para qué se usan realmente estos recursos adicionales y si existen garantías de que el dinero se invierta en mejorar la infraestructura y el servicio.
Los cobros incluyen no solo los materiales, sino también una parte proporcional del salario de los trabajadores que realizan las maniobras, así como el uso de vehículos y maquinaria. Este esquema, aunque detallado en el tabulador oficial, resulta complejo de entender para gran parte de la ciudadanía.
Además, el incremento de las tarifas en general, sumado a los cobros extraordinarios por reparaciones, ha puesto a muchas familias en aprietos económicos. Organizaciones civiles y representantes de vecinos han señalado que, en ocasiones, los montos son tan elevados que pueden superar el total del consumo de agua durante varios meses.
Por si fuera poco, en algunos casos se ha denunciado que las reparaciones se realizan sin previo aviso y que, al recibir la factura, los usuarios se encuentran con un cargo que no habían autorizado ni presupuestado.
El Agua y Drenaje de Samuel mantiene cargos adicionales por reparaciones, con tarifas desde mil hasta casi 11 mil pesos. Los usuarios deberán cubrir trabajos fuera y dentro de sus domicilios. 💧🔧
— Regio Política (@RegioPolitica) July 3, 2025
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Reacciones y exigencias ciudadanas
La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar. Muchos ciudadanos han comenzado a organizarse para exigir mayor claridad en los cobros y solicitar la eliminación definitiva de estas prácticas.
Se han promovido reuniones, manifestaciones y escritos colectivos para demandar al organismo que asuma la responsabilidad de ciertas reparaciones que, según los vecinos, deberían cubrirse con el presupuesto general y no ser trasladadas al usuario final.
Algunos líderes vecinales han señalado que AyD debería priorizar la mejora de las redes de distribución y drenaje, en lugar de trasladar los costos de mantenimiento a la población. La molestia se intensifica cuando se recuerda que muchos usuarios ya enfrentan problemas constantes de baja presión, cortes prolongados y fugas no atendidas oportunamente.
Por su parte, el organismo asegura que todos los cobros están debidamente justificados y se encuentran dentro del marco legal. También sostienen que la aplicación del código QR y la explicación detallada de cada concepto son pasos hacia una mayor transparencia. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue siendo de desconfianza.
En un contexto donde la confianza entre los ciudadanos y las instituciones públicas se encuentra debilitada, medidas como estas generan un profundo malestar y refuerzan la sensación de que el ciudadano es quien termina pagando los errores y deficiencias de la administración pública.
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