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Home Medio Ambiente

Transparencia En Entredicho En Reforestación Extrema

agosto 27, 2025
in Medio Ambiente
Reforestación Extrema - Regio Politica
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  • Recursos millonarios sin claridad
  • Un convenio bajo la lupa
  • El papel del Gobierno estatal
  • Lo que está en juego

El tema de la transparencia en el manejo de recursos públicos vuelve a colocarse en el centro del debate en Nuevo León. Mientras algunos organismos rinden cuentas con informes claros y accesibles a la ciudadanía, otros se limitan a presentar cifras generales, fotografías y declaraciones que poco dicen sobre el destino real del dinero.

El caso de Reforestación Extrema y su director, Cosijoopii Montero, ha generado dudas legítimas. La organización recibió más de 313 millones de pesos en tan solo 26 meses, bajo el programa de compensaciones ambientales del Gobierno estatal. Sin embargo, a diferencia de otras asociaciones que publican informes detallados sobre cada peso recibido y gastado, en este caso la información se mantiene parcial y poco accesible.

Por contraste, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), que ha recibido menos de la mitad de lo otorgado a Reforestación Extrema, cuenta con libros blancos, reportes públicos y desglose por trimestre de ingresos, gastos, nómina, asesorías y convenios. Esta diferencia de prácticas ha encendido las alarmas de colectivos ciudadanos y especialistas en rendición de cuentas.

Recursos millonarios sin claridad

De acuerdo con cifras obtenidas por medios locales, entre abril de 2023 y junio de 2025, Reforestación Extrema recibió 313 millones de pesos. En ese mismo periodo, el Fondo Ambiental Metropolitano acumuló 151.6 millones de pesos. La diferencia no solo es notoria en el monto, sino también en la forma de transparentar su aplicación.

Mientras el FAMM publica informes abiertos en su página web, con montos precisos de aportantes, convenios firmados y comprobación de egresos, la organización de Cosijoopii Montero se limita a publicar en redes sociales el número de árboles plantados en cada proyecto, acompañado de fotos y mapas. Sin embargo, no presenta datos duros sobre quién aporta, cuánto aporta, ni en qué se gasta el dinero.

El contraste genera preguntas incómodas: ¿por qué se canalizan más recursos a la organización que menos transparenta? ¿Cuál es la razón para que se tolere esta opacidad en un tema tan delicado como el cuidado del medio ambiente?

#IndigoMTY | Los cerca de 38 árboles que sembró Reforestación Extrema en la Alameda en el Centro de #Monterrey costaron más de 35 millones de pesos, haciendo un costo unitario de 115 mil pesos aproximadamente por ejemplar plantado. Opinión de @bupi. pic.twitter.com/zBihOurUSA

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 14, 2025

Un convenio bajo la lupa

La transparencia en torno a los convenios firmados también es desigual. En el caso del Fondo Ambiental Metropolitano, se han hecho públicos documentos completos como contratos, adendas, correos electrónicos y oficios relacionados. Su último libro blanco incluso incluye el convenio firmado en 2023 y sus seis adendas, documentos que la propia Secretaría de Medio Ambiente no subió a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Reforestación Extrema, en cambio, no difunde públicamente este tipo de información. Sus reportes se entregan únicamente a la Secretaría, sin acceso ciudadano, y sin que exista un desglose real del manejo de recursos.

Esto no es un asunto menor. Los convenios ambientales son la base legal mediante la cual las organizaciones ejercen los recursos que empresas y particulares entregan como compensación por las afectaciones que generan sus obras y actividades. Que existan convenios poco claros y recursos millonarios sin informes públicos no solo despierta dudas, sino que mina la confianza en las instituciones.

El papel del Gobierno estatal

El tema de la transparencia no puede analizarse sin mencionar la responsabilidad del Gobierno estatal. El hecho de que Reforestación Extrema sea la asociación que más recursos recibe, sin rendir cuentas claras, refleja un doble discurso oficial.

Por un lado, el Gobierno habla de fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por otro, canaliza cientos de millones de pesos a una organización cuyo nivel de opacidad contrasta con el de otras que hacen un esfuerzo real por informar.

Fuentes consultadas señalan que la cercanía de Cosijoopii Montero con las autoridades estatales explica en parte el trato privilegiado. La crítica que se repite es que, en el “Nuevo León” que presume el Gobernador, la transparencia parece ser un valor selectivo: se exige a unos, pero se omite con otros.

Lo que está en juego

La discusión no es únicamente sobre números. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en la forma en que se utilizan los recursos para enfrentar problemas ambientales. En un estado que enfrenta retos serios en contaminación, falta de áreas verdes y crecimiento urbano desordenado, cada peso destinado al medio ambiente debería ser auditado con lupa.

Que existan asociaciones que reciben cantidades millonarias y se niegan a publicar informes detallados no solo contradice los principios básicos de la transparencia, sino que además debilita las políticas públicas en materia ambiental.

En contraste, ejemplos como el del Fondo Ambiental Metropolitano muestran que sí es posible rendir cuentas de forma clara, abierta y puntual. La ciudadanía tiene derecho a exigir que todas las organizaciones beneficiadas por el dinero público operen con los mismos estándares de claridad.

En medio de estos cuestionamientos, la pregunta que flota es inevitable: ¿por qué se tolera que el dinero fluya hacia quienes menos rinden cuentas?

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