Durante el 2024, Nuevo León se convirtió en el estado con el mayor exceso en gasto de nómina en todo el país. Un análisis realizado por la organización civil Política Colectiva, titulado “Ojos al Gasto”, reveló que el gobierno encabezado por Samuel García rebasó el presupuesto destinado a servicios personales por más de 3 mil 700 millones de pesos, una cifra que ha generado preocupación en la ciudadanía y en los analistas financieros.
Según el informe, el gobierno estatal destinó 26 mil 934 millones de pesos para el pago de sueldos, prestaciones y otros beneficios para su personal. Esto significa que se gastó un 16.2% más de lo que originalmente había sido aprobado, lo que ubica a Nuevo León en el primer lugar nacional en cuanto a incremento porcentual en este rubro.
La entidad destinó 17.3% de su presupuesto total a nómina, posicionándose en el lugar 17 a nivel nacional por porcentaje de inversión en este concepto. Sin embargo, fue la que más se excedió respecto a lo planeado, situación que contrasta con la narrativa oficial de austeridad y eficiencia administrativa promovida por el actual gobierno.
Recortes en obra pública y aumento en publicidad
El gasto excesivo en nómina no fue la única anomalía detectada. Política Colectiva también destacó un incremento notable en el gasto de publicidad, el cual alcanzó 561 millones de pesos, un aumento de casi 117% respecto al presupuesto original. Este gasto ha sido particularmente polémico, ya que se percibe como una estrategia para fortalecer la imagen pública del gobernador y su administración, en lugar de enfocarse en informar de manera objetiva a la población.
“Se trata de uno de los rubros más controversiales del gasto público”, subraya el informe. “No solo por los montos que se ejercen, sino por el uso que muchas veces se le da para promover la imagen de los funcionarios en lugar de garantizar el derecho a la información”.
Mientras tanto, la inversión pública sufrió un recorte alarmante del 60% en comparación con lo presupuestado. El gasto real fue de apenas 5 mil 346 millones de pesos, a pesar de que se habían aprobado 13 mil 666 millones para este rubro, dejando en pausa múltiples proyectos clave de infraestructura y obra pública.
De hecho, un reporte publicado en marzo por El Norte reveló que la inversión estatal en obra cayó hasta en un 50%, contradiciendo las promesas iniciales del gobernador, quien había asegurado que la llamada “reconducción presupuestal” no afectaría los proyectos en curso ni las nuevas obras planificadas.
NL lidera a nivel nacional el excedente de gasto en nómina durante el 2024, superando en 16 por ciento su Presupuesto original. https://t.co/A9EsAFAfET
— EL NORTE (@elnorte) June 27, 2025
El trasfondo político y la falta de control de Samuel García
El exceso de gasto en sueldos y el desproporcionado aumento en publicidad tienen un contexto político relevante. Debido a las tensiones con el Congreso local, el gobernador Samuel García decidió no enviar el Paquete Fiscal 2024 para su análisis y aprobación. En lugar de ello, optó por utilizar el presupuesto aprobado en 2023, una decisión que, según expertos, debilitó los mecanismos de control y supervisión.
En 2023, el gasto en servicios personales fue de 24 mil 331 millones de pesos, cifra que ya era considerable. Sin embargo, en 2024, el monto ascendió a 26 mil 934 millones, representando un aumento nominal del 11%, y consolidando así la tendencia de priorizar la nómina y el gasto de operación sobre inversiones estratégicas que beneficien directamente a la ciudadanía.
Estos movimientos presupuestales han sido interpretados como parte de una estrategia para afianzar lealtades dentro de la estructura gubernamental y reforzar el aparato de comunicación política, mientras se relegan proyectos esenciales para la población.
Impactos en la ciudadanía y reacciones
El desvío de recursos hacia sueldos inflados y campañas de publicidad ha dejado a miles de ciudadanos con menos infraestructura y servicios de calidad. El recorte en inversión pública implica menos obras viales, retrasos en mantenimiento urbano y menor capacidad de respuesta ante emergencias.
Además, el aumento en el gasto de imagen genera críticas no solo entre la oposición política, sino también entre colectivos ciudadanos que exigen transparencia y uso responsable del dinero público.
Mientras el gobierno de Samuel García continúa defendiendo su gestión y justificando sus cifras, el malestar social crece. Los habitantes de Nuevo León cuestionan si el verdadero objetivo de estas acciones es mejorar el bienestar de la población o preparar el terreno para futuros proyectos políticos y campañas.
Por otro lado, analistas financieros advierten que estos desbalances presupuestales podrían afectar la estabilidad fiscal del estado a mediano plazo y enviar señales negativas a potenciales inversionistas, quienes ven con preocupación el manejo discrecional de los recursos.
En medio de este escenario, queda claro que Nuevo León enfrenta un reto mayúsculo: recuperar la confianza ciudadana y garantizar que el dinero público se destine a mejorar la calidad de vida, no solo a fortalecer estructuras políticas ni a inflar la imagen de los funcionarios.
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