La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia que frena el uso político de la UIFE en el estado. Con esta resolución, el gobernador Samuel García ya no podrá utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera para presionar a sus adversarios. El fallo otorga validez a la creación de una fiscalía especializada en Nuevo León, terminando con el monopolio de la Tesorería sobre el embargo de cuentas bancarias de la oposición.
La Justicia Estatal Le Arrebata El Control A Samuel
Tras cuatro años de una intensa guerra jurídica, el máximo tribunal del país decidió que el Congreso local actuó legalmente al restarle facultades al Ejecutivo. El conflicto estalló en 2022, cuando los diputados aprobaron mover la investigación de delitos fiscales hacia la Fiscalía General. Durante mucho tiempo, la administración estatal fue señalada por utilizar esta oficina como un brazo ejecutor para acosar a empresarios y políticos incómodos.
El mandatario intentó por todos los medios frenar esta reforma, llegando incluso a ocultar el decreto para evitar su publicación oficial. Sin embargo, la Corte determinó que la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene una naturaleza ministerial. Por lo tanto, no debe quedar bajo el control exclusivo de la oficina del gobernador, garantizando así un equilibrio de poderes necesario para la salud democrática de la entidad.
Esta decisión significa que el uso político de la UIFE para fines electorales o de venganza personal tiene un límite legal infranqueable. A partir de ahora, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será la encargada de conducir las indagatorias penales con autonomía. Esto le quita a la Tesorería estatal la potestad de ser el único juez y parte en las revisiones fiscales que terminaban en el congelamiento de fondos.
El Fin Del Acoso Mediante La Inteligencia Financiera
Diversas bancadas legislativas celebraron el fallo, pues recordaron que muchos de sus integrantes sufrieron el embargo de sus cuentas de manera arbitraria. La Corte fue clara al señalar que el Congreso sí tiene atribuciones para asignar estas funciones de investigación criminal a un órgano autónomo. De esta manera, se desmantela la estructura de presión que caracterizó la relación entre el gobierno y el Legislativo en los últimos periodos.
Resulta fundamental entender que la unidad administrativa en la Tesorería no desaparece, pero sus alcances quedan estrictamente acotados a temas fiscales básicos. El verdadero poder de investigación y persecución de delitos ahora reside en una oficina que no responde directamente a las órdenes del Palacio de Gobierno. Esta división de funciones busca erradicar el uso político de la UIFE que tanto daño le hizo a la estabilidad política de la región.
Incluso con los recursos de inconstitucionalidad promovidos por aliados de la administración, la mayoría de los ministros respaldó el proyecto del ministro Arístides Guerrero. La sentencia confirma que las funciones ministeriales pertenecen al ámbito judicial y no al capricho de un gobernante. Este cambio representa una victoria para la seguridad jurídica de cualquier ciudadano que pudiera ser blanco de una auditoría por razones externas a la ley.
Autonomía Para La Fiscalía En Delitos Fiscales
La nueva oficina dentro de la Fiscalía General tendrá la tarea de profesionalizar las investigaciones sobre lavado de dinero y fraude. Al ser un ente autónomo, se espera que los criterios de investigación sean técnicos y no dictados por la agenda mediática del estado. El objetivo es que la justicia financiera deje de ser una moneda de cambio en las negociaciones políticas entre los partidos y el gobernador.
Es importante mencionar que el bloqueo de cuentas ahora tendrá una supervisión judicial más rigurosa, evitando actos de molestia innecesarios. La ley ya no permite que el ejecutivo estatal use el secreto bancario para intimidar a quienes se oponen a sus proyectos o presupuestos. Esta reforma, aunque fue combatida ferozmente por el equipo legal del estado, finalmente entrará en vigor de manera plena tras la validación de la Suprema Corte.
Tras años de aferrarse, Samuel perdió el control exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con ella, antes congelaba cuentas para chantajear a quien le caía mal, pero hoy la Corte validó quitarle ese poder.
— Regio Política (@RegioPolitica) February 10, 2026
¡La justicia le da un revés al autoritarismo naranja en NL! pic.twitter.com/KXGdiJkPq3
Consecuencias Para el equilibrio de poderes en Nuevo León
El impacto de esta resolución va más allá de un simple organigrama administrativo; redefine cómo se ejerce el mando en la entidad. La “nueva política” que presume el gobierno estatal ahora tendrá que ajustarse a un marco de legalidad donde no se puede someter a los otros poderes mediante el garrote financiero. La transparencia en el manejo de la inteligencia de datos será vital para recuperar la confianza de los sectores productivos.
Finalmente, la resolución de la Corte pone un punto final a la incertidumbre que reinaba sobre quién tiene la última palabra en materia de delitos financieros. La justicia ha decidido proteger la autonomía de las instituciones frente a la concentración de poder en una sola figura pública. Nuevo León avanza así hacia un modelo de fiscalización donde la ley es la que manda y no la voluntad del gobernante en turno.
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