El panorama político en Nuevo León se ha visto sacudido por una serie de revelaciones que apuntan a un esquema de desvío de recursos y opacidad sin precedentes. Bajo la administración de Samuel García Sepúlveda, se ha detectado que el esquema de corrupción en la reforestación de Nuevo León ha servido para beneficiar a particulares mediante el inflamiento de precios en árboles por parte de Reforestación Extrema, permitiendo así el desvío de fondos públicos hacia el patrimonio de asociaciones civiles.
Este entramado, que involucra directamente a la organización dirigida por Cosijoopii Montero, no solo ha facturado ejemplares que no se encuentran en los sitios acordados, sino que ha operado con un sobrecosto que supera el 170% en comparación con los valores de mercado reportados por la propia Secretaría de Medio Ambiente.
El Inflamiento De Precios En Árboles Por Parte De Reforestación Extrema
La investigación exhaustiva de los registros financieros y las declaraciones oficiales ha dejado al descubierto una disparidad alarmante en los costos operativos. Mientras el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, intentaba justificar el gasto en la Explanada de los Héroes mencionando sabinos de 7.5 pulgadas a un costo unitario de 14 mil pesos, los reportes de Reforestación Extrema muestran una realidad muy distinta para proyectos previos.
En la Alameda, la asociación pagó por sabinos de menor tamaño (5.5 a 6 pulgadas) la estratosférica cantidad de 38 mil pesos por pieza. Este inflamiento de precios en árboles por parte de Reforestación Extrema representa un sobrecosto del 171%, una cifra que resulta imposible de justificar bajo cualquier lógica de mercado o economía de escala. La situación se repite con los ébanos, donde el sobreprecio alcanzó el 92%, evidenciando un patrón sistemático de manipulación de costos para drenar los recursos destinados a la compensación ambiental.
La Trama Detrás Del Esquema De Corrupción En La Reforestación De Nuevo León
El modus operandi de este presunto fraude descansa sobre un convenio firmado en marzo de 2023. Este acuerdo permite que las aportaciones de empresas y particulares para mitigar el impacto ambiental no pasen por la Tesorería estatal. En su lugar, el dinero ingresa directamente a las cuentas de la asociación de Montero, otorgándole un manejo discrecional de cientos de millones de pesos.
Hasta septiembre de 2025, se estima que la organización recibió 362.1 millones de pesos. Al no ser considerados “recursos públicos” en el sentido estricto del flujo contable gubernamental, la asociación alega que no está sujeta a las leyes de adquisiciones ni a la transparencia obligatoria. Sin embargo, este esquema de corrupción en la reforestación de Nuevo León utiliza dinero que, por ley, debería estar destinado a la mejora del entorno de los ciudadanos, no al enriquecimiento de una flota de vehículos privados y maquinaria pesada que quedará en manos de la asociación civil.
Árboles Fantasma Y Mediciones Inventadas
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la desaparición de 147 árboles de 15 pulgadas que debieron ser plantados en la Alameda. Tras una inspección física, se constató que estos ejemplares simplemente no existen. Ante la evidencia, la Secretaría de Medio Ambiente intentó una maniobra desesperada: cambiar los estándares de medición.
Contradiciendo los manuales internacionales y los propios videos educativos de Cosijoopii Montero, el gobierno de Samuel García afirmó que el diámetro debe medirse en la base del tronco y no a la altura del pecho (1.30 metros), que es la norma técnica (DAP). Esta técnica de “maquillaje forestal” busca hacer pasar árboles delgados por ejemplares de gran porte, intentando encubrir que se pagaron 26.1 millones de pesos por activos que no están en el sitio.
El Millonario Desvío De Fondos Públicos Hacia El Patrimonio De Asociaciones Civiles
Más allá de los árboles, el beneficio tangible para Reforestación Extrema es monumental. A través del presupuesto de arborización, la asociación ha adquirido maquinaria, vehículos de lujo y equipo especializado por un valor superior a los 52 millones de pesos. Entre las compras destacan:
- Trituradoras y astilladoras con un valor de 16.5 millones de pesos.
- Camionetas pick up y camiones equipados con tecnología de punta por 15.4 millones.
- Tomógrafos acústicos y equipo de excavación hidráulica.
Lo más indignante para la opinión pública es que este equipo, pagado con el dinero de las compensaciones ambientales del estado, no formará parte del patrimonio de Nuevo León. El propio Montero ha declarado que estos bienes se quedan en resguardo de su asociación. Este claro desvío de fondos públicos hacia el patrimonio de asociaciones civiles muestra cómo el gobierno de Samuel García ha permitido la creación de una “paraestatal privada” que opera con recursos de origen público pero con beneficios netamente particulares.
Facturas Clonadas Y La Opacidad Administrativa
La gota que derramó el vaso en esta investigación fue la detección de irregularidades en la facturación. Se reportó que Reforestación Extrema repitió la entrega de una misma factura hasta 12 veces en sus informes a la Secretaría. Aunque la dependencia estatal argumentó que se trata de “pagos en parcialidades”, expertos contables señalan que los CFDI presentados tienen efecto de “ingreso” y no de “pago”, lo que en términos fiscales indica que se trata de operaciones duplicadas o simuladas.
Incluso se detectaron facturas por 3.5 millones de pesos que fueron canceladas a los pocos días de su emisión, pero que aun así fueron integradas en los reportes de gasto para justificar el uso del dinero. Esta falta de rigor administrativo no es un error, sino una pieza fundamental del esquema de corrupción en la reforestación de Nuevo León que ha caracterizado a esta gestión.
La administración de Samuel García, que prometió una “nueva” forma de hacer política, parece haber perfeccionado los vicios del pasado, utilizando la bandera del medio ambiente para encubrir negocios turbios. Mientras la ciudad sufre por la falta de áreas verdes reales y una calidad del aire deplorable, el presupuesto se esfuma en el inflamiento de precios en árboles por parte de Reforestación Extrema y en la compra de activos para una asociación que se siente intocable.
La transparencia no es una opción, es una obligación, y los ciudadanos de Nuevo León merecen saber dónde están los árboles que pagaron y quién se quedará finalmente con los millones desviados bajo el pretexto de la ecología.
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