El programa “Bosques Ciudadanos”, promovido por el Gobierno de Nuevo León, ha sido señalado por inflar sus resultados al incluir plántulas —pequeñas plantas germinadas— como si fueran árboles completamente desarrollados. Esta práctica, además de generar confusión, ha despertado sospechas de opacidad y posible mal manejo de recursos públicos.
El Gobernador Samuel García afirmó recientemente que, durante los primeros tres años de su gestión, se han plantado más de 650 mil árboles. Sin embargo, el último reporte oficial disponible —con fecha de junio de 2023— registra únicamente 5 mil 176 árboles reales. La diferencia es abismal y ha provocado una fuerte ola de críticas.
La clave está en el uso del término “árboles”. El Gobierno del Estado incluye en su conteo plántulas, que son brotes de apenas unos centímetros, muy lejos de lo que comúnmente se entiende por un árbol. Estas plantitas, sembradas principalmente en zonas montañosas, como el Parque Nacional Cumbres, contrastan con los ejemplares de hasta 10 metros de altura que se colocan en zonas urbanas, como ocurrió en la Alameda Mariano Escobedo.
¿Reforestación o simulación?
La polémica no es solo semántica. La diferencia entre plantar árboles maduros y plántulas implica costos, procesos y resultados radicalmente distintos. Las plántulas suelen ser donadas por empresas o el Ejército y tienen tasas de supervivencia más bajas. Además, requieren cuidados prolongados para llegar a convertirse en árboles funcionales.
Por otro lado, los árboles plantados en zonas urbanas requieren maquinaria pesada, cuidados especiales, y financiamiento por parte de desarrolladores privados, que deben compensar el impacto ambiental de sus construcciones.
Esta mezcla de cifras y metodologías ha hecho que activistas y ciudadanos cuestionen seriamente la veracidad del programa. La falta de claridad en los reportes y la ausencia de un padrón público verificable alimentan una percepción de simulación, en lugar de una política ambiental efectiva.
La situación se agrava cuando se considera el monto destinado al programa: se habla de 270 millones de pesos, sin que haya un desglose claro del destino de esos recursos. La asociación Reforestación Extrema, encargada de ejecutar las acciones, ha sido señalada por operar sin rendición de cuentas efectiva.
El silencio oficial persiste
Hasta el momento, ni el gobernador Samuel García ni el titular de Medio Ambiente estatal, Alfonso Martínez Muñoz, han aclarado el motivo de la discrepancia entre las cifras oficiales y las que se presumen en discursos públicos.
Martínez Muñoz defendió el programa señalando que en la sierra se han plantado cientos de miles de “árboles”, aunque no especificó si se refería a ejemplares desarrollados o a plántulas. Afirmó que la asociación FAMM es la que más recursos ha recibido y que ha sembrado más de 590 mil “árboles” en la zona montañosa. Sin embargo, este número tampoco cuenta con respaldo verificable.
Mientras tanto, la ciudadanía percibe que el programa de reforestación se ha convertido en un vehículo de propaganda y un posible instrumento de desvío de recursos públicos.
A diferencia de otras iniciativas ambientales con monitoreo independiente y sistemas de georreferenciación para seguir la evolución de las áreas sembradas, el programa Bosques Ciudadanos opera con una opacidad preocupante.
A esto se suma la sospecha de que las cifras presentadas buscan inflar logros gubernamentales en un contexto político en el que el gobernador busca posicionarse como un referente verde a nivel nacional, a pesar de múltiples cuestionamientos en temas de movilidad, contaminación y gestión del agua.
La duda crece con cada cifra
La brecha entre lo anunciado y lo registrado en papel ha despertado una pregunta central: ¿qué se hizo con los 270 millones de pesos asignados al programa?
Mientras la cifra oficial reporta 5 mil árboles, las autoridades aseguran haber plantado 650 mil. Si consideramos que muchas de las plántulas fueron donadas, el gasto real en siembra y cuidado no parece corresponder a los montos ejercidos.
El problema no es únicamente técnico. La confianza pública se ve afectada cuando los programas sociales o ambientales son utilizados para generar discursos triunfalistas sin sustento. La credibilidad del gobierno, ya erosionada por otras controversias, enfrenta un nuevo golpe.
En un contexto de emergencia climática, donde la reforestación debe ser una acción seria, medible y sostenible, la falta de rendición de cuentas convierte una buena idea en una decepción.
Los ciudadanos no solo exigen árboles reales, sino transparencia real.
