Nuevo León vuelve a estar en el ojo del huracán. La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció lo que describe como una red de extorsión estatal que operaría desde las más altas esferas del poder. Funcionarios del entorno de Samuel García, como Mike Flores, Raúl Lozano y Baltazar Martínez, todos de Movimiento Ciudadano, exigieron pagos millonarios para permitir que la planta continuara operando. Tras la intervención de autoridades federales, el caso fue resuelto a favor de la empresa. Ahora el repudio es casi general entre la clase empresarial, al punto de abucheos y reclamos en discursos.
Inicio de la extorsión estatal
Todo inició en octubre pasado, cuando la Secretaría de Finanzas notificó a la empresa un adeudo por 165 millones de pesos bajo el concepto del impuesto verde. La cifra llegó acompañada de advertencias que, según la empresa, dejaban claro que el incumplimiento significaría el cierre de operaciones.
Frente al riesgo de paralización total, Matrimar optó por ceder parcialmente. Depositó 15 millones de pesos en las cuentas oficiales del estado con la intención de negociar y mantener la planta activa.
Tras la transferencia, las autoridades clausuraron las instalaciones y surgió una nueva exigencia: 50 millones de pesos en efectivo adicionales. Esta vez, de acuerdo con la denuncia, el dinero debía entregarse en efectivo para permitir la reapertura de las canteras en Cerralvo.
La empresa Matrimar sostiene que ahí quedó claro que no se trataba de una discusión técnica sobre impuestos, sino de un esquema de extorsión estatal.
El audio que involucra a Baltazar Martínez
Todo explotó cuando se filtró un audio donde aparece Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. En la grabación reconoce haber fungido como “intermediario” entre la empresa y funcionarios del gabinete estatal.
Su defensa pública fue que actuó como puente por ser diputado local y por su cercanía con el municipio de Cerralvo. Sin embargo, en la conversación se le escucha presionando para que la pedrera realice un “pago fuerte” en parcialidades.
Más aún, menciona tener línea directa con Raúl Lozano y con el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores La empresa interpreta esa intervención como prueba de que las negociaciones no eran un trámite ordinario, sino una estructura política articulada para exigir recursos.
La figura de un dirigente partidista participando en negociaciones relacionadas con auditorías, clausuras y montos millonarios detonó un debate inmediato sobre conflicto de interés y uso del poder público.
Clausura a la 1:00 de la madrugada
La tensión alcanzó su punto máximo el año pasado durante la madrugada, exactamente a la 1:00 AM, inspectores ejecutaron un operativo en la sierra de Picacho para clausurar la planta.
El horario no fue menor. La empresa considera que la acción buscó enviar un mensaje de fuerza. La clausura dejó sin actividad inmediata a más de 500 trabajadores, en una región donde la actividad extractiva es uno de los principales motores económicos.
El amparo federal y el nuevo operativo
El 10 de febrero de 2026, un juez federal concedió amparo a favor de Matrimar. Con esa resolución, la empresa retiró los sellos y encendió nuevamente sus máquinas.
Protección Civil volvió a clausurar durante la madrugada, pese al mandato judicial. La empresa acusa desacato y sostiene que el gobierno ignoró deliberadamente la orden federal. Ese episodio fortaleció la narrativa de que la disputa ya no es solo fiscal, sino política.
Crisis de credibilidad en el gobierno de Samuel García
El caso coloca a la administración de Samuel García en una crisis de credibilidad. Hasta ahora no existe una explicación detallada sobre el contenido del audio ni sobre el papel de Baltazar Martínez en las negociaciones.
Las cámaras empresariales exigen transparencia en la aplicación del impuesto verde y garantías de que no será utilizado como herramienta de presión. La denuncia de extorsión estatal ya no es un rumor aislado. Es un conflicto que combina dinero, poder, política y empleo.
¿Es el impuesto verde una política ambiental o un instrumento de coerción financiera? La respuesta podría definir el futuro de la inversión en el noreste del país.
El “intermediario” en la extorsión estatal
La participación de Baltazar Martínez como “intermediario” dejó de ser un detalle menor para convertirse en el punto más delicado del escándalo. No se trató de una simple gestión política ni de un favor territorial. En el audio se le escucha organizando montos, hablando de parcialidades y mencionando contactos directos dentro del gabinete estatal. Eso no es mediación ciudadana; es intervención en una negociación millonaria vinculada a auditorías y clausuras oficiales.
Su propia admisión lo coloca en el centro del esquema. Porque si un dirigente partidista coordina pagos, presiona acuerdos y presume línea directa con funcionarios, entonces la estructura deja de ser administrativa y adquiere dimensión política. El caso Matrimar ya no gira únicamente en torno al impuesto verde, sino a la evidencia de que un actor político operó como gestor de cobros dentro de un conflicto fiscal. Y esa figura del “intermediario” termina siendo, paradójicamente, la confirmación más clara de cómo funcionaba la red.
La cínica defensa de Baltazar Martínez
Con una actitud que muchos califican de soberbia, el diputado local afirmó que tiene la conciencia tranquila. Según él, su papel en la trama de los 50 millones de pesos fue solo para “ayudar”. Resulta indignante que un representante del pueblo use su posición para gestionar pagos fuera de la ley mientras se aferra a su silla en el Congreso estatal.
La negativa a pedir licencia es una bofetada para quienes exigen transparencia. El líder partidista dice que seguirá trabajando porque, según su visión, la denuncia penal no tiene nada que ver con su cargo público. Esta postura solo refuerza la percepción de impunidad que impera en la actual administración naranja, donde los señalados nunca dejan el poder.
Para el legislador,ser el “puente” de un moche millonario es una actividad normal de su agenda. No le importa que existan audios donde se le escucha negociar condiciones para que una empresa pueda operar libremente. Su compromiso parece estar con el sistema de recaudación alterna y no con los ciudadanos que votaron por un cambio real.
La reapertura de Matrimar es un hecho
Luego de una intensa batalla legal, la pedrera de Cerralvo logró vencer el bloqueo administrativo que la mantuvo inactiva durante meses. Ayer, las autoridades judiciales validaron la reapertura de Matrimar al considerar que las clausuras estatales carecían de sustento legal suficiente. Este caso ha puesto bajo la lupa al Gobernador Samuel García, tras denuncias de extorsión estatal que apuntan a manejos irregulares en la Tesorería de Nuevo León.
Canaco se suma al reclamo por extorsión estatal
Lo que comenzó como una queja aislada de la empresa Matrimar y escaló con la Coparmex, hoy se convierte en un frente común de la iniciativa privada contra el Gobierno de Nuevo León. En un acto de valentía frente al propio Samuel García, la Canaco Monterrey rompió el silencio para denunciar un incremento del 30% en los abusos de poder registrados en el último semestre. El mensaje es claro: los comerciantes están hartos de ser vistos como una “caja chica” por parte de funcionarios que condicionan la operación de los negocios a cambio de pagos ilegales.
El sistema de extorsión descrito por Jaime Herrera, presidente de la cámara, revela un esquema perverso donde se utiliza el coto de poder para retener permisos, bloquear trámites y aplicar multas excesivas. No se trata de errores administrativos, sino de una estrategia deliberada de asfixia que culmina en el cierre de establecimientos si no se accede a las pretensiones económicas de los inspectores. Mientras el discurso oficial presume un estado de vanguardia y atracción de inversiones, la realidad de quienes levantan la cortina todos los días es una lucha contra una autoridad que, en lugar de facilitar el trabajo, se dedica a “ordeñar” al sector productivo.
Abucheos contra el gobernador en CAINTRA
El gobernador de Nuevo León vivió una humillación pública sin precedentes al ser recibido con estruendosos abucheos y gritos de “fuera” durante la asamblea anual de CAINTRA, precisamente frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los empresarios industriales rompieron el protocolo para manifestar su desprecio hacia una administración que, según denuncian, ha convertido al sector productivo en su “caja chica”. Este estallido de indignación en Cintermex es el resultado del hartazgo generalizado por las extorsiones estatales y los cobros de cuotas ilegales que los funcionarios de Movimiento Ciudadano exigen a las empresas para dejarlas operar.
La rebelión del sector industrial, respaldada por reclamos previos de cámaras como Coparmex y Canaco, pone en evidencia una red de corrupción que asfixia el motor económico de la entidad. Los empresarios denuncian que los “moches” y el acoso administrativo se han vuelto sistemáticos, lo que tiene al borde del colapso a las inversiones regias. Con este desplante masivo, la industria dejó claro que el discurso del “Nuevo Nuevo León” es una fachada para un sistema de presión financiera que se dedica a exprimir a quienes sí trabajan, manchando la imagen del estado ante la federación.
