Nuevo León vuelve a estar en el ojo del huracán. La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció lo que describe como una red de extorsión estatal que operaría desde las más altas esferas del poder. Según la compañía, funcionarios del entorno de Samuel García exigieron pagos millonarios para permitir que la planta continuara operando.
La Exigencia Y El Inicio De La Extorsión Estatal
Todo inició en octubre pasado, cuando la Secretaría de Finanzas notificó a la empresa un adeudo por 165 millones de pesos bajo el concepto del impuesto verde. La cifra llegó acompañada de advertencias que, según la empresa, dejaban claro que el incumplimiento significaría el cierre de operaciones.
Frente al riesgo de paralización total, Matrimar optó por ceder parcialmente. Depositó 15 millones de pesos en las cuentas oficiales del estado con la intención de negociar y mantener la planta activa.
Tras la transferencia, las autoridades clausuraron las instalaciones y surgió una nueva exigencia: 50 millones de pesos en efectivo adicionales. Esta vez, de acuerdo con la denuncia, el dinero debía entregarse en efectivo para permitir la reapertura de las canteras en Cerralvo.
La empresa Matrimar sostiene que ahí quedó claro que no se trataba de una discusión técnica sobre impuestos, sino de un esquema de extorsión estatal.
El Audio Que Involucra A Baltazar Martínez Y Señala A Altos Funcionarios
Todo explotó cuando se filtró un audio donde aparece Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. En la grabación reconoce haber fungido como “intermediario” entre la empresa y funcionarios del gabinete estatal.
Su defensa pública fue que actuó como puente por ser diputado local y por su cercanía con el municipio de Cerralvo. Sin embargo, en la conversación se le escucha presionando para que la pedrera realice un “pago fuerte” en parcialidades.
Más aún, menciona tener línea directa con Raúl Lozano y con el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores La empresa interpreta esa intervención como prueba de que las negociaciones no eran un trámite ordinario, sino una estructura política articulada para exigir recursos.
La figura de un dirigente partidista participando en negociaciones relacionadas con auditorías, clausuras y montos millonarios detonó un debate inmediato sobre conflicto de interés y uso del poder público.
Clausura A La 1:00 De La Madrugada: El Golpe A 500 Familias
La tensión alcanzó su punto máximo el año pasado durante la madrugada, exactamente a la 1:00 AM, inspectores ejecutaron un operativo en la sierra de Picacho para clausurar la planta.
El horario no fue menor. La empresa considera que la acción buscó enviar un mensaje de fuerza. La clausura dejó sin actividad inmediata a más de 500 trabajadores, en una región donde la actividad extractiva es uno de los principales motores económicos.
El Amparo Federal Y El Nuevo Operativo
El 10 de febrero de 2026, un juez federal concedió amparo a favor de Matrimar. Con esa resolución, la empresa retiró los sellos y encendió nuevamente sus máquinas.
Protección Civil volvió a clausurar durante la madrugada, pese al mandato judicial. La empresa acusa desacato y sostiene que el gobierno ignoró deliberadamente la orden federal. Ese episodio fortaleció la narrativa de que la disputa ya no es solo fiscal, sino política.
La Sombra De Una Recaudación Extraordinaria
En el sector de las pedreras circula la cifra de 450 millones de pesos como posible objetivo de recaudación extraordinaria mediante presiones similares. Empresarios sospechan que esos recursos estarían destinados a financiar obras vinculadas al Mundial de fútbol.
Aunque no existe una confirmación oficial sobre ese destino, la percepción ha encendido la alarma entre inversionistas. El impacto va más allá de Matrimar. La confianza empresarial en Nuevo León comienza a resentirse.
Crisis De Credibilidad En El Gobierno De Samuel García
El caso coloca a la administración de Samuel García en una crisis de credibilidad. Hasta ahora no existe una explicación detallada sobre el contenido del audio ni sobre el papel de Baltazar Martínez en las negociaciones.
Las cámaras empresariales exigen transparencia en la aplicación del impuesto verde y garantías de que no será utilizado como herramienta de presión. La denuncia de extorsión estatal ya no es un rumor aislado. Es un conflicto que combina dinero, poder, política y empleo.
¿Es el impuesto verde una política ambiental o un instrumento de coerción financiera? La respuesta podría definir el futuro de la inversión en el noreste del país.
El “Intermediario” Que Terminó Confirmando La Red De Extorsión Estatal
La participación de Baltazar Martínez como “intermediario” dejó de ser un detalle menor para convertirse en el punto más delicado del escándalo. No se trató de una simple gestión política ni de un favor territorial. En el audio se le escucha organizando montos, hablando de parcialidades y mencionando contactos directos dentro del gabinete estatal. Eso no es mediación ciudadana; es intervención en una negociación millonaria vinculada a auditorías y clausuras oficiales.
Su propia admisión lo coloca en el centro del esquema. Porque si un dirigente partidista coordina pagos, presiona acuerdos y presume línea directa con funcionarios, entonces la estructura deja de ser administrativa y adquiere dimensión política. El caso Matrimar ya no gira únicamente en torno al impuesto verde, sino a la evidencia de que un actor político operó como gestor de cobros dentro de un conflicto fiscal. Y esa figura del “intermediario” termina siendo, paradójicamente, la confirmación más clara de cómo funcionaba la red.
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