El periodismo en Nuevo León atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lejos de encontrar un entorno de respeto a la libertad de expresión, los reporteros y fotógrafos se enfrentan a un escenario de hostilidad donde, paradójicamente, las principales agresiones no provienen de la delincuencia organizada, sino de las propias corporaciones policiales.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), en los últimos cinco años se han documentado al menos 30 casos de agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y obstrucción directa a la labor informativa. Este panorama convierte al estado en una de las entidades más riesgosas del país para ejercer la profesión, encendiendo las alarmas sobre el respeto a los derechos constitucionales y el futuro de la libertad de prensa.
Periodismo bajo agresiones policiales
El crecimiento de ataques al periodismo está vinculado al comportamiento de policías municipales y estatales, quienes han excedido sus funciones al impedir, sin causa justificada, el trabajo de reporteros. Estos incidentes, registrados principalmente en coberturas de carácter policiaco, muestran un patrón de abuso de poder, falta de capacitación y desconocimiento de los protocolos legales.
Uno de los elementos más preocupantes es que estas agresiones ocurren mientras los uniformados actúan como primeros respondientes en accidentes o delitos. En lugar de facilitar el acceso a la información pública, bloquean el paso, intimidan e incluso recurren a la violencia física contra quienes buscan documentar los hechos. La CEDHNL señala que esta situación vulnera directamente los principios de un estado democrático, pues coloca a la prensa en desventaja frente al poder coercitivo de las instituciones de seguridad.
Portada MTY | Agresiones a comunicadores en Nuevo León han complicado la tarea de informar y ejercer el periodismo en la entidad. https://t.co/mod2aMerA0 pic.twitter.com/XjNuHqb7pT
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 26, 2025
Falta de capacitación y corrupción
El deterioro del periodismo en Nuevo León no puede entenderse sin analizar las carencias estructurales de las corporaciones policiales. Informes señalan que una parte importante de los uniformados no cuenta ni siquiera con la secundaria terminada. Esta falta de preparación académica, sumada a la nula capacitación en protocolos del sistema penal acusatorio, provoca que muchos policías actúen bajo criterios personales más cercanos a la prepotencia que al cumplimiento de la ley.
A ello se suma la corrupción, un mal endémico que golpea no solo a Nuevo León, sino a gran parte del país. La extorsión, los abusos de autoridad y la falta de supervisión interna alimentan un ambiente donde los excesos se vuelven cotidianos. Para los periodistas, este escenario significa estar expuestos no solo al riesgo de documentar la violencia criminal, sino también a la arbitrariedad de quienes deberían garantizar su seguridad.
Casos emblemáticos de agresiones
Dentro de los registros de ataques contra el periodismo, destacan episodios que ilustran la gravedad del problema. El 8 de diciembre de 2020, los periodistas Juan Alberto Cedillo y Yolanda Chío, corresponsales de Proceso y La Jornada en Nuevo León, fueron agredidos y detenidos ilegalmente tras presenciar un acto de extorsión cometido por policías de Guadalupe. El hecho no solo evidenció el abuso de los elementos, sino la vulnerabilidad en la que se encuentran los comunicadores al intentar exponer actos ilícitos cometidos por funcionarios.
En otro caso, ocurrido el 12 de octubre de 2023, Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta, denunció haber recibido amenazas tras la publicación de un video donde se mostraba a Fuerza Civil interviniendo de manera irregular para rescatar un camión retenido por agentes de Tránsito en San Nicolás. Según Garza, la intimidación provenía de un alto funcionario estatal, lo que dimensiona el alcance de la presión que enfrentan los medios cuando deciden exhibir posibles actos indebidos por parte del gobierno.
Estos ejemplos son solo una muestra de un fenómeno más amplio que impacta la credibilidad del Estado como garante de la libertad de expresión.
Consecuencias para la libertad de expresión
La reiterada violencia contra el periodismo genera consecuencias profundas en la vida democrática de Nuevo León. El miedo y la autocensura se convierten en mecanismos de defensa para quienes temen represalias. El impacto no solo afecta a los comunicadores, sino también a la sociedad en general, que ve limitado su derecho a recibir información veraz, plural y oportuna.
El hecho de que las agresiones provengan de policías, y no de grupos criminales, plantea un dilema mayor: si las instituciones que deberían resguardar a los ciudadanos son las mismas que intimidan a la prensa, el sistema de garantías se ve debilitado. La ausencia de sanciones claras contra los responsables alimenta un ciclo de impunidad que pone en riesgo la legitimidad del gobierno estatal y municipal.
Diversas organizaciones civiles han señalado que, mientras no exista un compromiso real de las autoridades para profesionalizar a los cuerpos de seguridad y garantizar sanciones a quienes violen derechos, la situación difícilmente cambiará. La CEDHNL, aunque ha documentado los casos, enfrenta limitaciones para obligar a los municipios y al Estado a modificar sus prácticas.
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