La Huasteca, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de Nuevo León, atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre ambiental. En medio de las tensiones generadas por el proyecto de la presa Rompepicos 2, colectivos ciudadanos y vecinos de la zona han denunciado la presencia de desmontes en áreas naturales, donde se observan árboles derribados, troncos secos y tramos de tierra removida. A pesar de la gravedad de estas evidencias, tanto la Profepa como Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) han declarado que no pueden asumir responsabilidad directa por lo ocurrido.
La ausencia de claridad por parte de las autoridades ha encendido las alarmas. Mientras el Gobierno estatal insiste en avanzar con la construcción de la nueva cortina hidráulica, los habitantes y defensores ambientales denuncian que la zona se está devastando sin permisos claros ni transparencia en los procesos.
Evidencias de daño ambiental
De acuerdo con un reporte publicado recientemente, un tramo de aproximadamente 60 metros lineales en el cerro conocido como El Picacho de la Botella, ubicado en el Cañón de las Escaleras, fue arrasado. El lugar coincide con el área proyectada para la Rompepicos 2, obra anunciada como estratégica para la mitigación de inundaciones en la zona metropolitana.
Las imágenes y testimonios recabados muestran vegetación devastada, ramas cortadas y suelos expuestos, además de las marcas de mediciones topográficas realizadas en el terreno. Todo apunta a que ya se han efectuado trabajos previos de preparación para la construcción del dique.
Sin embargo, las autoridades federales y estatales ofrecen explicaciones que resultan insuficientes para los colectivos ambientales. En la zona incluso quedó una copia de un Acta en Materia de Impacto Ambiental, firmada por la Profepa, en la cual se reconoce que los inspectores no pudieron realizar una revisión completa porque no encontraron a una persona autorizada para recibir la notificación.
🌳 Mientras avanza el proyecto Rompepicos 2, la Huasteca muestra claros daños: tierra removida, troncos cortados y vegetación devastada. AyD ya se echó para atrás y Profepa admite que no pudo inspeccionar por falta de autorización.
— Regio Política (@RegioPolitica) August 25, 2025
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La postura de Profepa y AyD
El acta fechada el 14 de agosto de 2025 documenta que inspectores de la Profepa se presentaron en el sitio y encontraron a trabajadores con emblemas de Agua y Drenaje de Monterrey. No obstante, al intentar entregar la notificación de inspección, los empleados aseguraron que no estaban facultados para recibir documentos oficiales y que la responsabilidad del predio no recaía en ellos.
El informe también registró la llegada de un camión de volteo con placas estatales y logotipos del Gobierno de Nuevo León, lo que refuerza la sospecha de una relación directa con los trabajos. Aun así, la autoridad federal explicó que, por tratarse de un predio particular, requerían autorización expresa del propietario para llevar a cabo una inspección formal.
Por su parte, AyD se deslindó a través de un comunicado en el que negó haber realizado desmontes en la zona. La dependencia afirmó que únicamente se llevaron a cabo “estudios complementarios solicitados por la Semarnat”, sin que eso implicara obras de construcción ni afectaciones irreversibles al terreno.
No obstante, la evidencia visible contradice esta versión: las áreas arrasadas coinciden con las coordenadas del proyecto de la Rompepicos 2, y sobre los troncos cortados se observan marcas de mediciones utilizadas en los estudios técnicos.
Colectivos denuncian falta de transparencia
La falta de claridad en la información ha llevado a colectivos ambientales y ciudadanos de la zona a exigir explicaciones. Denuncian que las dependencias se están lavando las manos mientras el área natural sufre daños que podrían ser irreparables.
Los vecinos aseguran que la devastación registrada no puede considerarse un “estudio” menor. La remoción de vegetación, el uso de maquinaria pesada y la apertura de brechas en la montaña evidencian que los trabajos tienen un carácter preparatorio para obras mayores.
La Rompepicos 2, anunciada por el Gobierno de Nuevo León como una solución para las inundaciones, ha generado polémica desde sus primeros planteamientos. Los críticos del proyecto señalan que la construcción en esta zona de la Huasteca amenaza con fragmentar un ecosistema vital, además de poner en riesgo la biodiversidad del lugar.
En contraste, las autoridades estatales defienden la obra como una necesidad urgente para la seguridad de la población en temporada de lluvias, aunque hasta ahora no han respondido con claridad sobre el origen ni la autorización de los desmontes.
Una cadena de omisiones
Lo ocurrido en el Cañón de las Escaleras refleja una cadena de omisiones. La Profepa argumenta que no puede actuar sin la autorización del propietario del terreno; AyD sostiene que sus intervenciones fueron únicamente de carácter técnico y no de impacto ambiental; y el Gobierno estatal evita dar explicaciones directas sobre el avance de los trabajos.
Mientras tanto, el daño ambiental sigue presente: árboles talados, suelos desnudos y zonas de vegetación que difícilmente podrán regenerarse a corto plazo. Para especialistas en derecho ambiental, este tipo de vacíos legales y administrativos solo fortalecen la opacidad y debilitan la rendición de cuentas en proyectos de gran escala.
Además, colectivos han advertido que esta estrategia podría ser utilizada como “hechos consumados”, es decir, avanzar en el terreno sin permisos formales hasta que los daños sean irreversibles y la obra se justifique como inevitable.
Riesgos para la Huasteca
La Huasteca ha sido históricamente un espacio de recreación, deporte y contacto con la naturaleza para los habitantes de Nuevo León. Sin embargo, en los últimos años también se ha convertido en escenario de conflictos por la explotación de sus recursos y la presión urbanística.
El avance de proyectos como la Rompepicos 2, sin procesos de consulta claros ni evaluaciones públicas de impacto ambiental, pone en duda el compromiso real del Gobierno con la protección ambiental.
Además, la devastación registrada en los últimos días podría afectar la capacidad de la zona para retener agua, incrementar el riesgo de erosión y alterar el equilibrio de especies que habitan el ecosistema.
Los expertos coinciden en que cualquier obra en la Huasteca debe realizarse con la máxima transparencia y con estudios de impacto ambiental accesibles al público. Sin embargo, lo que hoy predomina es la incertidumbre y la falta de información clara sobre quién autorizó los trabajos y cuál es el alcance real del proyecto.
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