La decisión del gobernar de designar a Mayra Cecilia Ramírez Murillo como nueva directora de Operaciones del Comité Organizador despierta sospechas sobre la corrupción de Samuel García.
A un año de que inicie el torneo futbolístico más esperado del planeta, la noticia sorprendió no solo a los involucrados en la organización, sino también a la ciudadanía y especialistas, quienes consideran que esta designación podría responder más a intereses políticos que a criterios técnicos.
Ramírez Murillo, cercana a Movimiento Ciudadano (MC), llega a sustituir a María Eugenia Pérez Eimbcke, quien contaba con experiencia en logística deportiva y mantenía una postura apartada de tintes partidistas. Esta sustitución ha sido interpretada como una movida para reforzar la presencia del gobierno estatal en la administración de los recursos millonarios destinados al evento.
Dinero bajo la lupa
Desde enero de este año se reveló que el Comité Organizador solicitó al Gobierno estatal una aportación de 25 millones de dólares, equivalente a 518 millones de pesos, para la promoción de Nuevo León y la organización de actividades previas al Mundial.
El objetivo oficial es mejorar la infraestructura, asegurar eventos promocionales y proyectar la imagen del estado como destino internacional. Sin embargo, la llegada de una figura política a la dirección operativa encendió las alertas sobre el destino y manejo real de estos fondos.
Una fuente estatal declaró: “El plan es claro: quien pone el dinero debe tener a alguien dentro para supervisar cada gasto”. Esta frase resume el ambiente de desconfianza que se ha instalado en torno a la decisión del Ejecutivo.
Además, el anuncio de la creación del fideicomiso FIDEFIFA, que administrará dichos recursos y será manejado por Daniel Acosta, un colaborador cercano y leal a García, ha incrementado la polémica. Para muchos, se trata de un blindaje político que asegura el control directo de cada peso que se mueva antes y durante el evento.
El Gobernador Samuel García designa a Mayra Ramírez, operadora emecista, en el Comité Organizador de Monterrey para el Mundial 2026. #ElNorteLocal https://t.co/TWEr1nf5wL
— elnortelocal (@elnortelocal) July 4, 2025
Un golpe a la autonomía deportiva: corrupción de Samuel García
El Comité Organizador, bajo la dirección de Alejandro Hütt como Host City Manager, había logrado hasta ahora evitar la influencia directa de perfiles políticos, manteniendo el enfoque técnico y deportivo como prioridad. La designación de Ramírez y el nuevo esquema financiero significan un cambio de rumbo que pone en riesgo la percepción de imparcialidad.
La FIFA ha sido clara en reiteradas ocasiones: las sedes deben garantizar la transparencia y evitar la interferencia política en la organización. En el caso de Monterrey, cualquier señal de manejo partidista podría traer consecuencias serias, desde sanciones económicas hasta cuestionamientos sobre la continuidad de la sede.
Por otro lado, la empresa Femsa, propietaria del club Rayados y principal responsable de la organización, mantiene el vínculo directo con FIFA. Sin embargo, la participación estatal, ahora con mayor peso, podría alterar la independencia operativa y complicar la rendición de cuentas.
Ciudadanos cuestionan corrupción de Samuel García
Las críticas de la sociedad no se han hecho esperar. Muchos habitantes de Monterrey expresaron en redes sociales su enojo al considerar que, mientras la entidad enfrenta crisis severas de agua, problemas de movilidad, inseguridad y demandas urgentes en salud y educación, el gobierno estatal enfoca recursos y esfuerzos en afianzar el control sobre un evento deportivo.
Las comparaciones con episodios recientes, como el video del clóset de Mariel (hija de Samuel y Mariana Rodríguez), no tardaron en aparecer. Para varios ciudadanos, la situación refleja un patrón donde la imagen y el marketing político parecen imponerse sobre las verdaderas necesidades de la población.
El argumento de proyectar a Nuevo León como un referente internacional se diluye cuando se contrasta con la vida diaria de quienes luchan por cubrir gastos básicos. La ciudadanía exige explicaciones claras y detalladas sobre el destino de los recursos y garantías de que no se utilizarán con fines partidistas ni personales.
A pesar de la presión, el gobierno estatal sostiene que los cambios son necesarios para “fortalecer la visión estratégica” del evento y asegurar su éxito. Sin embargo, la falta de transparencia y el hermetismo en torno a la estructura operativa alimentan la desconfianza.
El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para Monterrey. Sin embargo, si las decisiones siguen inclinándose hacia la política en lugar de la técnica, existe el riesgo de que se pierda el enfoque deportivo y se dañe la imagen del estado ante los ojos del mundo.
Array
