La reciente intención del Gobierno de Nuevo León para contratar una nueva deuda por 10 mil 500 millones de pesos ha generado una fuerte reacción dentro del Congreso local. Legisladores de distintas bancadas calificaron la maniobra como una violación a la ley estatal, advirtiendo que se trata de un intento por comprometer recursos públicos sin respetar los procedimientos constitucionales ni rendir cuentas.
De acuerdo con los representantes del PRI, PAN y Morena, el plan de financiamiento del gobernador Samuel García implicaría utilizar como garantía los ingresos generados por la Red Estatal de Autopistas (REA), sin pasar por la revisión ni aprobación del Poder Legislativo. Esta situación ha encendido las alertas dentro del Congreso, que exige frenar de inmediato cualquier avance en ese sentido.
A decir de los diputados, el hecho de utilizar un fideicomiso como figura legal para canalizar esta deuda no exime al Ejecutivo de cumplir con las normativas establecidas. Por el contrario, aseguran que este mecanismo se estaría usando para sortear la transparencia y evitar la fiscalización correspondiente.
Legisladores denuncian opacidad financiera
Las críticas por parte de los legisladores no se limitan al procedimiento legal. También apuntan al creciente uso de esquemas financieros opacos que, aseguran, ya son característicos de la actual administración estatal. Al no contar con un presupuesto aprobado para el año en curso, el Gobierno ha recurrido a organismos como la REA para financiar sus operaciones, aumentando los riesgos de mal manejo del erario.
“Lo que están haciendo es esconder deuda en estructuras que no están sujetas a revisión directa del Congreso”, afirmó Armida Serrato, diputada local del PRI. La legisladora subrayó que cualquier préstamo que comprometa los recursos de una entidad descentralizada, como es el caso de la Red de Autopistas, debe contar con la autorización del Congreso. “La ley es clara: toda deuda, sea del Estado o de sus organismos, tiene que pasar por aquí”, insistió.
Desde el PAN, el diputado Carlos de la Fuente criticó que el Consejo de Administración de la REA pretenda autorizar una deuda de largo plazo sin someterla al debate legislativo. “Esto no es una decisión interna de una dependencia, es un asunto que afecta a todos los ciudadanos”, enfatizó.
Exigen claridad sobre destino de los recursos
Más allá del procedimiento, los diputados también exigen explicaciones sobre el destino final del financiamiento. Originalmente, al Gobierno estatal se le autorizó una deuda por 6 mil millones de pesos, destinada a obras de movilidad como las líneas 4 y 6 del Metro. No obstante, ahora se proyecta una nueva deuda por casi el doble del monto anterior, sin que se hayan detallado objetivos ni beneficios claros.
“Nos preocupa mucho que este endeudamiento esté sirviendo para fines distintos a los aprobados, como campañas, eventos o promoción personal”, alertó De la Fuente, quien agregó que la ciudadanía merece saber con claridad en qué se gastan los recursos públicos.
En este contexto, también se ha cuestionado el uso de ingresos provenientes de las autopistas estatales. A pesar de que esos recursos deberían destinarse al mantenimiento y modernización de la red vial, ahora se busca convertirlos en respaldo para una deuda millonaria que comprometería su sostenibilidad a futuro.
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