En Nuevo León, el reciente aumento en las tarifas de Agua y Drenaje de Nuevo León (AyD) ha desatado críticas y controversias, exacerbadas por el contexto de sequía que afecta la región.
Justificación del Aumento
El incremento en las tarifas de AyD se ha justificado oficialmente como necesario para financiar la restauración de las cuencas del Río Santa Catarina en el Parque Nacional Cumbres. Sin embargo, la inclusión de una cuota “voluntaria” del 2 por ciento ha sido interpretada por usuarios y expertos como un aumento obligatorio camuflado.
Gestión de Fondos y Críticas
Ha surgido especulación acerca de la gestión de fondos en AyD, sugiriendo que podría haber sido utilizada para agendas políticas en el pasado, lo que habría dejado a la empresa con recursos insuficientes para emergencias como los daños causados por la tormenta “Alberto”. Estas dudas han alimentado la desconfianza y han cuestionado la transparencia en la administración de recursos públicos.
Historial Administrativo y Financiero
En el pasado, AyD fue reconocida por generar ganancias bajo la gestión de Fernando Canales Clariond. Sin embargo, administraciones posteriores, incluyendo las de Natividad González Parás, Rodrigo Medina, y Jaime Rodríguez, agotaron estos fondos, dejando a AyD en una situación financiera más delicada.
Críticas al Gobierno de Nuevo León de Samuel García
El gobernador Samuel García ha enfrentado críticas por su manejo de AyD, a pesar de sus promesas iniciales de combatir la corrupción dentro de la empresa. El aumento de tarifas durante su mandato ha sido interpretado por algunos como un reconocimiento implícito de las dificultades financieras y administrativas que enfrenta AyD.
Impacto en la Comunidad y Respuesta Pública
El aumento repentino en las tarifas ha impactado significativamente a los usuarios, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades económicas debido a la situación actual. La falta de alternativas claras por parte de AyD ha incrementado las tensiones y ha generado un clima generalizado de descontento y desconfianza entre la población.
Esta situación continúa siendo un tema de debate público en Nuevo León, con llamados a la transparencia y a una gestión más efectiva de los recursos por parte de AyD y las autoridades gubernamentales.
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